Fue formalizado por la presunta violación de su hija el concejal de Ránquil, Rodrigo Aguayo. En la audiencia, y tras un largo debate, el juez de Garantía de Coelemu rechazó la prisión preventiva del edil solicitada por el Ministerio Público.

En una audiencia de casi tres horas, el Ministerio Público imputó al concejal de Ránquil, militante PPD, Rodrigo Aguayo, un delito de violación, hecho supuestamente ocurrido en septiembre de 2006.

Según el fiscal de la causa, Rodrigo Villarroel, esto fue acreditado a través de distintos informes psicológicos, psiquiátricos, y la declaración de testigos.

Después de un largo debate, el juez Claudio Inostroza rechazó la prisión preventiva que solicitaba el Ministerio Público, entregándose solamente medidas cautelares menores.

El abogado defensor, Renato Fuentealba cuestionó en su alegato la debilidad de la investigación por no abarcar testigos a favor de su defendido.

Desde un principio el edil Rodrigo Aguayo, que se desempeña como profesor, aseguró que aquí había un montaje por parte de su hija -fruto de una relación extramarital-, indicando que se había interpuesto la querella e iniciado las investigaciones en 2012, justo en época de primarias de la Nueva Mayoría y también en medio de la elección de alcaldes y concejales.

Sobre estos cuestionamientos realizados por el representante del imputado, el fiscal Villarroel defendió el trabajo del Ministerio Público.

Entre las diligencias que según la defensa de Aguayo no se habrían realizado, estarían más peritajes psicológicos, psiquiátricos y la declaración del entorno del edil para demostrar que no era una persona que abusaba de menores, de acuerdo a la imputación de la Fiscalía.

Pero también se indicó que por ejemplo, no había peritajes respecto a otra acusación que agrega la denunciante, que es que producto de la violación de 2006, ella quedó embarazada, y tras lo cual se efectuó un aborto para interrumpir el embarazo.

En ese sentido, el abogado querellante, Marcelo Villena, sostuvo que con el plazo de investigación se podrán realizar las diligencias faltantes según la defensa del concejal.

El plazo de investigación otorgado por el juez de Coelemu, es de 5 meses y luego de rechazar la prisión preventiva de Aguayo, sí ordenó la prohibición de éste de acercarse a la víctima y a la familia de la joven, así como arraigo nacional.