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El Caso Inverlink comenzó a sumar portadas en la prensa a finales de enero de 2003, apareciendo como una fuente inagotable de datos en medio de toda la sequía noticiosa que suele registrarse en los primeros meses del año.
Ahora, este caso de corrupción -uno de los más grandes y controversiales de nuestro país- vuelve a la memoria por la muerte de uno de los tantos implicados: Eduardo Monasterio, dueño de Inverlink.
Cómo se origina este caso, quiénes son sus protagonistas y cuáles fueron las sanciones de la Justicia son algunas de las preguntas que serán contestadas a continuación.
Inverlink: Un error de tipeo
Pablo Ovalle | Agencia UNO
Como todos los días, Carlos Massad, quien fuera presidente del Banco Central, llegó hasta su despacho y encendió su computador. Aunque no estaba muy familiarizado con la tecnología de la época, algo en su correo electrónico le llamó la atención. En su bandeja de entrada había un e-mail rebotado, pero que no recordaba haberlo enviado. Ante tal duda se comunicó con el departamento de informática para realizar la investigación pertinente.
Los informáticos notaron que dicho correo electrónico rebotó porque se había escrito mal el remitente, en vez de decir, en vez de escribir Inverlink se puso Inverlilnk. Dicho e-mail contenía información privilegiada del Banco Central, por lo que se montó un operativo para descubrir quién había enviado dicha información.
En el programa Contacto de Canal 13, Carlos Massad relató que el área de Informática detectó movimientos desde su computador cuando él no se encontraba en su despacho. A llegar, se dieron cuenta que quien enviaba los correos era Pamela Andrada, una de las secretarias y personas de gran confianza de Massad.
Luego se confirmaría que Andrada, mediante coimas, enviaba información privilegiada del Banco Central a Iverlink, quienes lograron posicionarse como una de las corredoras de bolsa más importantes de la época, imperio que caería por un error de tipeo.
Los protagonistas del escándalo
Pedro Cerda | Agencia UNO
Pamela Andrada le enviaba la información al gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli, con quien además reconoció mantener una relación amorosa. En su testimonio, la secretaria aseguró que lo hacía para ayudar a quien fuera a su pareja, pero también porque necesitaba el dinero para pagar un costoso tratamiento: Andrada sufría esclerosis.
Carlos Alberto Massad es un ingeniero comercial que estuvo a la cabeza del Banco Central desde 1996 hasta mayo de 2003, año en que renunció luego que se supiera el escándalo del Caso Inverlink.
Antes de eso, específicamente en 1994, fue ministro de Salud durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
En una entrevista realizada por CNN Chile en noviembre de 2011, Carlos Massad confiaba en que las penas dictadas por la Justicia servirían para desalentar futuros “tentados en promover el cohecho”.
Massad dejó la presidencia del Banco Central a finales de abril de 2003. “No fue una presión política, sino que mi permanencia habría mantenido al banco en los medios (…) Creo que fue un buen paso que fue dado en el momento oportuno”, aseguró.
En el 2010, revista Que Pasa detallaba la nueva vida de Enzo Bertinelli. Quien fuera gerente general de Inverlink, ahora repartía mariscos a domicilio en una camioneta sportwagon Fiorino.
Bertinelli, antes de armar su negocio familiar de mariscos, estuvo a punto de volver al mundo empresarial de mano de un negocio maderero, sueño que cayó luego que sus socios se enteraran de su pasado.
En tanto, Eduardo Monasterio armó una oficina de asesorías junto a su yerno en 2004, pero los clientes comenzaron a desconfiar apenas escuchaban su nombre.
Monasterio falleció el viernes 6 de febrero de este año, noticia que fue confirmada por su hijo mediante redes sociales.
Arista Corfo
Sebastian Rodríguez | Agencia UNO
Luego que se ahondara en las irregularidades de Inverlink relacionadas con el Banco Central, se conoció una nueva arista del caso que involucraba directamente a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
El funcionario de la Corfo involucrado era Javier Moya. Tras las diligencias correspondientes, se logró acreditar que Moya robaba documentos que representaban dinero (depósitos a plazo) para enviarlos a Inverlink.
Bancos entregaban a la Corfo depósitos a plazos, los que eran guardados en las bodegas de seguridad de la institución. Moya robaba estos papeles para entregarlos a Inverlink, quienes los utilizaban como garantía para pedir nuevos préstamos y demostrar que eran solventes como empresa.
Terminadas estas operaciones, Inverlink devolvía a Moya los papeles antes que Corfo diera cuenta de la operación. Se estima que en total se habrían sustraído alrededor de 150 millones de pesos.
En una entrevista realizada por el equipo de Contacto, Monasterio reconoció el robo millonario de papeles pertenecientes a la Corfo calificándolo como una “medida desesperada”.
Condenas
Brian Turner | Flickr (CC)
Por el Caso Inverlink-Banco Central, la Corte Suprema de Santiago -en fallo unánime- determinó las siguientes sanciones:
Enzo Bertinelli: 800 días de reclusión por autor de cohecho además de 600 días de presidio como autor del delito de uso de información privilegiada. Además, se determinó inhabilitarlo de asumir cargos públicos por tres años.
Pablo Monasterio: 300 días de cárcel por autor de cohecho e inhabilitación de ejercer cargos públicos por tres años. Además se determinó el pago de una multa al fisco por más de 11 millones de pesos.
Pamela Andrada: Fue condenada a 4 años de cárcel por el delito de cohecho además de 600 días de cárcel por enviar información privilegiada. Junto con ello se la inhabilitó de ajercer cargos públicos por cinco años y debió devolver cerca de 26 millones de pesos.
Andrada recibió el beneficio de libertad vigilada.
En diciembre del año pasado, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las penas relacionadas con la arista Corfo del Caso Inverlink.
El tribunal determinó 800 días de cárcel para Javier Moya, quien fuera el otrora jefe de Tesorería de Corfo y 541 días para Eduardo Monasterio.
Además, los condenados fueron obligados a pagar más de 26 mil millones de pesos por concepto de daño a Corfo.
