La comunidad de Caimanes continúa movilizada ante el incumplimiento de la Minera los Pelambes, perteneciente al grupo Luksic, del fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa a demoler el tranque el Mauro. Los pobladores no descartan recurrir nuevamente a la justicia para obtener indemnizaciones por parte de la minera.

El 21 de octubre de 2014 la Corte Suprema sentenció a la minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, a restituir el libre cauce de las aguas del Estero Pupio, luego de constatar que el tranque que la empresa construyó sobre la fuente hídrica generaba graves daños al medio ambiente.

El fallo otorgó además el plazo de un mes para que la empresa presentara un plan de obras complementarias que no afectara las aguas. Plan que fue entregado por la minera y que actualmente se encuentra en evaluación por el Juzgado de Letras de Los Vilos.

Ya han pasado tres meses desde que la minera presentara el plan y la comunidad de Caimanes cree que es solo un asunto de voluntad que la empresa no haya acatado el fallo, además no descartan la posibilidad de una segunda demanda para exigir una indemnización, según detalló el dirigente Alvaro Badillo.

Según la abogada querellante Sandra Dagnino la prueba del daño de la minera a Caimanes ya fue firmada por la Corte Suprema por lo que se podrían buscar medidas compensatorias, pero aclaró que cualquier tipo de indemnizacion sería materia de otro juicio y los montos los tendría que fijar la justicia.

El pasado viernes Carabineros desalojó el campamento que parte de la comunidad mantenía hace más de setenta días en el acceso al Tranque el Mauro. Pese a esto, el vocero Alvaro Badillo señaló que mantenderían las movilizaciónes.

Ayer martes pobladores se tomaron la oficina que la minera mantenía en Caimanes produciéndose un enfrentamiento con carabineros, el que terminó con la detención de uno de los participantes, quien ya se encuentra en libertad.

En tanto el plan de obras complementarias presentado por la minera aún se encuentra en evaluación por la justicia quién decidirá su viabilidad, aunque se desconocen los plazos para su resolución final.