La justicia dictó este lunes una dura condena en contra de los dueños de la Corredora Serrano, que usó acciones de manera encubierta para operaciones propias, estafando a cerca de 350 mil clientes.

Unos 12 mil millones de pesos fue el balance del daño que provocaron los ex dueños de la corredora de bolsa Raimundo Serrano Mac Auliffe, los que fueron condenados en calidad de autores de los delitos de uso indebido de custodia y estafa reiterada.

Destacar que el primer delito consiste en hace ruso de las acciones de los clientes de la corredora, vendiéndolas pese a no contar con la autorización respectiva, ni dar cuenta de los movimientos a sus dueños, para solventar operaciones propias.

Por lo anterior, el Quinto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago condenó a los ex dueños de la corredora, Tomás Serrano Parot y Jorge Fuenzalida Barraza, a 15 años y 11 años de presidio efectivo, respectivamente.

Al respecto, el fiscal centro norte José Manuel Ramírez explicó que lo más grave en este caso fue la mezcla de delitos, que incluyó la entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

El persecutor valoró esta sentencia, sobre todo porque es la primera condena en un juicio oral por este delito. “Estamos conformes con el resultado, son penas que a nuestro entender reflejan la gravedad de las conductas reiteradas de vulneración a la Ley de Mercado de Valores”, sentenció.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía Centro Norte, esta operación que data de 2009 se ejecutaba por intermedio de la sociedad Los Choros Power & Gas y Accent Trading, operada por los acusados.

Las utilidades generadas permitieron a los acusados financiar una serie de sociedades, entre ellas Serrano Consultores, un canal de televisión, una productora de televisión, una corredora de bolsa, dos clubes de fútbol y una inmobiliaria.

El abogado defensor, Alejandro Peña, aseguró que aún no está ejecutoriado este fallo -que se conoció este lunes- y que en este caso no hubo estafa. “Era una condena esperable en el sentido que ya el veredicto había anunciado que se habían acreditado todos los hechos, pero tal como se manifestó en la audiencia están pendientes los recursos procesales”, aseveró.

“Es un juicio que amerita que la Corte Suprema o la respectiva Corte de Apelaciones conozca estos hechos, y no cabe duda que una vez conociendo el fallo puedan llegar incluso a conclusiones distintas”, dijo además el jurista.

Como la sentencia no está a firme, quedan instancias como recurrir al tribunal de alzada capitalino. Mientras, los condenados deberán permanecer con medidas cautelares.

Al respecto, este lunes a petición del Ministerio Público, el tribunal modificó las medidas cautelares de firma mensual a arresto domiciliario total. De todas formas, los sentenciados deberán pagar millonarias sumas a los afectados.