Naciones Unidas lamentó este viernes que las autoridades de México no hayan podido resolver el caso de 43 estudiantes que desaparecieron hace casi un mes y pidió tener contacto directo con los familiares de las víctimas.

“Estamos preocupados porque continúa la desaparición forzada de 43 estudiantes”, quienes fueron vistos por última vez el 26 de septiembre tras sufrir un ataque armado por parte de policías y sicarios, dijo desde Ginebra (Suiza) Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Los hechos ocurrieron en Iguala, una ciudad del convulso estado de Guerrero (sur), y 52 personas -entre ellas 22 policías locales- han sido detenidas por este caso.

El gobierno mexicano desplegó en la zona cerca de 2.000 militares y policías para buscar a los estudiantes, y extendió la búsqueda al vecino Michoacán, que al igual que Guerrero es foco de la violencia del narcotráfico.

“Lamentamos que hasta el momento estos mecanismos no hayan sido exitosos para encontrar a los estudiantes desaparecidos y urgimos a las autoridades a incrementar sus esfuerzos para encontrarlos”, añadió Shamdasan en un comunicado, en el que se solidarizó con los familiares de las víctimas.

Además, el Alto Comisionado pidió al gobierno mexicano “reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas”.

Los ataques contra los estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa dejaron seis muertos, entre ellos un menor de 15 años y tres estudiantes.

Este caso ha provocado indignación no sólo en México sino en el mundo, y ha vuelto a desnudar el drama de las más de 22.000 personas desaparecidas en México desde 2006, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar contra el crimen organizado.

Por otro lado, la tragedia puso de relieve el profundo problema de corrupción que atañe al país y la infiltración del narcotráfico en las instituciones.

El alcalde de Iguala y su esposa fueron acusados por la fiscalía general de haber ordenado los ataques, mientras que el gobernador de Guerrero se vio obligado a pedir licencia el jueves para favorecer las investigaciones.

Tras la desaparición de los 43 estudiantes se hallaron varias fosas clandestinas en Iguala y sus alrededores con un número indeterminado de cuerpos, y las autoridades se encuentran analizándolos para determinar si se trata de los jóvenes.

“Exhortamos a las autoridades mexicanas a conducir investigaciones efectivas, prontas e imparciales para identificar a las personas cuyos cuerpos estaban en las fosas colectivas y llevar ante la justicia a los responsables”, señaló Shamdasani.