El Congreso de Colombia pidió perdón este jueves a la población por los daños ocasionados por los denominados parapolíticos, como se conoce a quienes alcanzaron cargos públicos con el respaldo de las milicias ilegales de extrema derecha.

“Nunca más en el Congreso puede ser aceptable que las fuerzas políticas que recibieron apoyo de los grupos armados se autoproclamen como representantes de la sociedad”, dijo el presidente del Senado, José David Name, en un discurso transmitido por la televisión pública.

“Nunca será tolerable que las formas de representación política se ganen con intimidación, constreñimiento o el apoyo a la conformación de grupos armados al margen de la ley”, agregó.

“Hoy presentamos ante ustedes nuestras más sinceras disculpas públicas a nombre de la institución del Congreso de la República”, subrayó el presidente del Senado.

Name dio a conocer su “Manifestación expresa y pública de perdón por parte del Congreso de la República” en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal de Justicia y Paz.

Estos tribunales fueron creados en el marco de la Ley de Justicia y Paz de 2005, la cual ha permitido reunir información sobre violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares.

En su mensaje, el presidente del Senado expresó además “el compromiso del Congreso” de hacer todo lo necesario para proteger a la población e impedir que se repitan actos de violencia como masacres, desplazamientos y violaciones.

Unos 6,7 millones de personas han sido oficialmente registradas como víctimas del conflicto armado en Colombia, que en más de medio siglo ha involucrado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, agentes del Estado y bandas criminales.

Los vínculos de políticos con paramilitares quedaron al descubierto a partir de 2006, luego de la desmovilización de varios grupos armados ilegales de extrema derecha surgidos en los años 1980 para luchar contra la insurgencia de izquierda. Esas revelaciones desataron el llamado escándalo de la parapolítica.

Desde 2006, la Corte Suprema de Justicia investiga la relación de los paramilitares con políticos, especialmente congresistas. Cerca de medio centenar de exparlamentarios, exgobernadores y exalcaldes han sido condenados hasta ahora por estos nexos.