El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció este sábado en Recoleta un protocolo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y la División de Organizaciones Sociales (DOS) con el fin de convocar y facilitar la instrucción de dirigentes sociales y Juntas de Vecinos en técnicas de manejo y resolución de conflictos.

La iniciativa nace a propósito de los buenos resultados obtenidos con la ejecución de las “Unidades de Justicia Vecinal”, programa piloto que el Ministerio de Justicia inició en mayo de 2011 en las comunas de Renca, Cerrillos, Macul y Paine, ampliando su cobertura a 20 comunas de la Región Metropolitana durante el 2013.

“Lo que se está haciendo acá es capacitar a los dirigentes vecinales para que sean conductos de mediación y solución de estos conflictos que suelen denominarse pequeños, pero que generan grandes trastornos en las comunidades vecinales”, dijo el secretario de Estado en relación a las disputas que suelen producirse por ruidos molestos, convivencia en departamentos, filtraciones o ampliaciones.

El anuncio se gestó durante la realización de los “Diálogos Ciudadanos: Justicia Vecinal”, en los que también participaron el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y cerca de 100 dirigentes de base pertenecientes a las 20 comunas de Santiago donde opera el programa de las UJV.

“El trabajo de las UJV es muy importante para que estos conflictos no lleguen a tribunales, sino que se resuelvan a través de la mediación, con profesionales como abogados, sicólogos, asistentes sociales, que logran solucionar estos problemas mediante común acuerdo de las partes”, explicó el ministro Gómez, quien aprovechó la oportunidad para anunciar la firma de un acuerdo con el alcalde de Recoleta para que la comuna cuente con una Unidad de Justicia Vecinal propia en el mediano plazo.

En junio de este año, se capacitó a 48 personas –Carabineros y dirigentes vecinales– de las comunas Cerrillos y Padre Hurtado, mientras que en julio pasado, se instruyeron a 322 dirigentes de base.

Las UJV hoy ofrecen sus servicios al 51% de los habitantes de la Región Metropolitana (3,5 millones de habitantes) y, en promedio, tardan 43 días en resolver un conflicto.