El pleno de la Corte Suprema expresó su apoyo al proyecto de ley que busca limitar la jurisdicción de los tribunales militares y evitar así, entre otros puntos, que civiles sean juzgados, por los mismos hechos, en la justicia ordinaria y en la justicia militar. Una iniciativa que busca responder a tratados internacionales de derechos humanos.

En su informe remitido a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el máximo tribunal de justicia señala que está de acuerdo en que “la justicia militar debe eliminarse” en el juzgamiento de civiles y cuando militares cometan delitos comunes, no relacionados a sus funciones castrenses.

Asimismo, se mostró favorable al artículo que busca derogar el Código de Justicia Militar, “para poner término a la desigualdad ante la ley que se mantiene para los militares”, quienes a juicio de la Corte, son sujetos a un procedimiento que no tiene las mismas garantías de la justicia ordinaria. En ese sentido, proponen reforzar la disciplina y mantener lo penal en la justicia ordinaria.

Esta postura, señaló el Pleno, se fundamenta en la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que “el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares“.

En su informe, la Corte plantea además, que no basta con derogar la Ley N° 20.477, sobre límites de la justicia miliar, sino que se deben incluir otros cuerpos legislativos que otorgan a la jurisdicción militar competencia para juzgar a civiles, como la ley sobre Seguridad del Estado; la Ley de Control de Armas; y la que dicta normas sobre Movilización Nacional, entre otras.

El informe de la Corte Suprema tuvo la opinión desfavorable de los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Patricio Valdés, Rosa María Maggi, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes y Carlos Aránguiz, quienes optaron por mantener el Código de Justicia Militar, considerando que otros países de la región mantienen una jurisdicción castrense limitada.

En tanto, el ministro Pedro Pierry estuvo por informar desfavorablemente el proyecto, pero advirtiendo la necesidad de implementar un nuevo procedimiento penal militar que consagre los principios del actuar de los procedimientos comunes y limitar la justicia militar a los delitos relacionados con la función castrense.