Este lunes comenzó el juicio oral contra Martín Larraín, acusado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, por el accidente ocurrido la madrugada del 18 de septiembre de 2011 en la comuna de Curanipe, Región del Maule, y que terminó con la vida de Hernán Canales.

En el juicio enfrentan cargos además Sofía Gaete y Sebastian Edwards, amigos de Larraín que viajaban esa madrugada junto al acusado, por el delito de obstrucción de la investigación ya que ambos entregaron a Carabineros características de un vehículo distinto al que ocasionó el accidente con el fin de encubrir lo sucedido.

El fiscal jefe de Cauquenes, Juan Pablo Pereira, encabeza la investigación e informó tras la presentación de la acusación, que “para Larraín la Fiscalía está solicitando penas de cuatro años de presidio, más la accesoria de multa y la suspensión de su licencia de conducir de por vida”.

“En el caso de Sebastian Edwards y Sofía Gaete se solicitan penas de 300 días de presidio, más multas”, agregó el persecutor.

Según Pereira, la Fiscalía –de acuerdo a la recopilación de diversos antecedentes- ha logrado establecer que efectivamente el automóvil involucrado es de Martín Larraín y que él era quien conducía al momento del accidente.

Además, por el testimonio de testigos circunstanciales y de las mismas declaraciones tomadas a los imputados, el fiscal señaló que esperan conseguir una sentencia condenatoria en contra del hijo del ex presidente de Renovación Nacional. “Si bien no ha existido alcoholemia, esta ha sido responsabilidad del propio imputado por cuanto el se dio a la fuga”, aseguró.

En tanto el abogado defensor del joven, Rodrigo Ávila, señaló que hubo errores “garrafales” en el procedimiento realizado por parte de Carabineros, debido a que “no considera testigos presenciales, y errores en el sitio del suceso que llevan a conclusiones erradas por parte de la SIAT”.

La fiscalía pide una condena de 4 años y presidio menor en su grado máximo para Martín Larraín, además de la inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, especialmente ante el agravante de escapar del lugar de los hechos sin prestar ayuda a la víctima.

Se estima que el juicio oral podría extenderse por 15 días.