Ecuador expresó el martes sus sospechas de que la extracción ilegal de sangre, a la que fueron sometidos indígenas ecuatorianos hace dos décadas en un caso que involucra a una petrolera y un instituto médico de Estados Unidos, también se dio en otros países amazónicos.

“Estamos seguros de que tratándose de comunidades indígenas, no ocurrió solamente en Ecuador”, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), Ramiro Rivadeneira, al canal estatal ECTV.

“Hay comunidades indígenas importantes en otras zonas de la Amazonia, en Perú, en Bolivia, por lo que creemos que posiblemente estas muestras también fueron tomadas” fuera del país, agregó el funcionario.

En julio 2012, la DPE denunció que el Instituto Coriell, un centro de investigación médica con sede en Nueva Jersey (EEUU), comercializaba ilegalmente material genético de nativos huaorani de la Amazonia ecuatoriana.

Este material genético había sido enviado por el Instituto Coriell a ocho países, en un caso que también involucraba a la Universidad de Harvard.

Basada en testimonios de indígenas huaorani, la DPE señaló que dos estadounidenses, entre ellos un médico de la petrolera Maxus (con sede en Texas), tomaron a inicios de los años 1990 muestras de sangre a aborígenes aduciendo que serían usadas para exámenes cuyos resultados nunca entregaron.

Maxus operó en la selva ecuatoriana hasta mediados de los 1990, aunque extendió su presencia a través de otra petrolera.

“Se comprobó que el Instituto Coriell tiene en sus bases muestras y vende material genético de la nacionalidad huaorani. Estas muestras fueron adquiridas por un científico de la Escuela de Medicina de Harvard”, señaló entonces la DPE.

Rivadeneira manifestó el martes que en “Brasil hace muchos años se inició ya un proceso contra el Instituto Coriell”.

En agosto de 1996, dos científicos brasileños denunciaron la venta ilegal a través de Internet, por parte de Coriell, de muestras de DNA (ácido desoxirribonucleico, portador de códigos genéticos) proveniente de indígenas karitania y suruí, que habitan el estado amazónico de Rondonia (limítrofe con Bolivia).

Rivadeneira, quien sostuvo que hay que defender el patrimonio genético humano, señaló que, en el caso ecuatoriano, Coriell admitió que repartió muestras de sangre tomadas a huaorani a varios institutos científicos del mundo.

“Esto implica haber vulnerado derechos humanos de la nacionalidad huaorani (…) No conocemos que hayan sido informados sobre los fines que tenía la extracción de sangre”, indicó.

El lunes, el secretario (ministro) de Educación Superior y Ciencia de Ecuador, René Ramírez, indicó que entre los huaorani hubo unos “3.500 procedimientos” de extracción de sangre, lo que “significa que se tomaron algunas pintas (450 mililitros) de sangre a una persona más de una vez”.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló el viernes que el plasma fue sometido a “experimentos” debido a que los aborígenes, que se mantenían alejados de la civilización, son “inmunes a ciertas enfermedades”.

Añadió que “no existe ninguna ley federal de los Estados Unidos que provea un fundamento jurídico para la demanda en cortes contra Coriell, Maxus o los investigadores” de Harvard. Sin embargo, sostuvo que se buscarán las vías para los juicios.

La Constitución de Ecuador prohíbe el uso de material genético y la experimentación científica que atente contra los derechos humanos.

Cuando las primeras revelaciones sobre el caso se dieron a conocer hace dos años, Washington a través de su embajada en Quito afirmó no tener relación con el mismo.