Tras el rechazo de la Cámara Baja en noviembre pasado a la “Ley Emilia”, nuevamente el proyecto de ley cobró fuerza. La Presidenta Michelle Bachelet durante el discurso del 21 de mayo, anunció el envío de un proyecto de ley que eleva las penas, a los conductores que manejen ebrios y ocasionen muertes o lesiones.

Una de las medidas será establecer dos diferencias: el primero por delito simple, para quien lo cometa por primera vez y tendrá penas desde los 3 años y un día. Y el segundo, por delito agravado, esto es, a aquellos que reinciden, huyen o conducen en estado de ebriedad, con penas desde los 5 hasta los diez años.

Benjamín Silva, padre de la pequeña Emilia, fallecida a los nueve meses por un conductor ebrio, valoró la iniciativa.

Uno de los autores del proyecto de ley, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo que esas penas son justas, debido a la gravedad de estos delitos.

La similitud de penas entre conducir ebrio con resultado de muerte y otros delitos graves como un homicidio simple, generaron ciertas críticas en algunos abogados penalistas. Uno de ellos es Alfredo Morgado, que indica que aumentar las condenas, no necesariamente incide en reducir estos accidentes.

Similiar postura tiene Mario Schilling. El abogado aprueba el alza de las penas, pero argumentando que también deberían subir las condenas en otros delitos graves.

La legislación actual sanciona por manejar bajo influencia del alcohol con causa de muerte, desde los tres a cinco años.