Estados Unidos aumentó este miércoles la presión sobre Rusia por su actuación en Ucrania, donde las autoridades movilizan a decenas de miles de policías y voluntarios para garantizar la elección presidencial del domingo ante el temor de provocaciones en el este prorruso del país.
A cuatro días de la elección presidencial, el “frente del este” ucraniano conoce una relativa calma después de los enfrentamientos a principios de semana entre rebeldes prorrusos y el ejército en el marco de una operación militar lanzada el 13 de abril.
El presidente interino de Ucrania, Olexandre Turchinov, visitó por primera vez la zona de Slaviansk, uno de los bastiones rebeldes del este, junto a los ministros del Interior y de Defensa.
Los habitantes del este “empiezan a comprender que los terroristas separatistas conducen la región hacia al abismo”, afirmó Turchinov en un comunicado.
Según los sondeos, el multimillonario prooccidental Petro Poroshenko, de 48 años, parte como gran favorito en esta campaña electoral con 20 puntos de diferencia por delante de la ex primera ministra, Yulia Timoshenko, quien fracasaría en su regreso a la política tras su liberación a finales de febrero.
Poroshenko, también conocido como el “rey del chocolate” por su fortuna proveniente de la marca de chocolate Roshen, prometió poner fin a la insurrección en el este y solucionar la crisis con el presidente ruso, Vladimir Putin, en tres meses.
“Conozco bien a Putin. Tengo una gran experiencia en reuniones con él, es un negociador fuerte y difícil”, declaró a la AFP Poroshenko, quien estimó que un acuerdo es posible.
La crisis ucraniana, nacida a finales de 2013 por un movimiento de protesta proeuropeo en Kiev, implicó el retorno de las ambiciones de Rusia a la escena internacional y abrió un periodo de confrontación entre rusos y occidentales.
55.000 policías y 20.000 voluntarios
Para garantizar la celebración de los comicios, Kiev anunció el despliegue de 55.000 policías y 20.000 voluntarios ante “la amenaza de una agresión rusa y las acciones de los separatistas en el este” de Ucrania.
Los prorrusos de las regiones de Lugansk y Donetsk prometieron impedir el desarrollo de los comicios en el este del país, donde unos 2 millones de personas podrían verse privadas de voto.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el miércoles en Bucarest que se necesitarán nuevas sanciones contra Rusia si ésta “perturba” las elección presidencial, que los occidentales consideran “fundamental”.
Moscú, acusado por Kiev y los occidentales de apoyar a los prorrusos del este, desmiente cualquier apoyo logístico a los separatistas y pone en duda la legitimidad de una presidencial celebrada “en el fragor de las armas”.
Garantizar el gas ruso
Mientras Estados Unidos y la OTAN intentan confirmar la retirada anunciada de las tropas rusas de la frontera con Ucrania, Washington envió un crucero lanzamisiles al mar Negro para dar seguridad a los países de Europa del Este y Moscú llevó a cabo una prueba de misiles balísticos de largo alcance desde una base cercana al mar Caspio.
El gobierno ucraniano organizó una tercera mesa redonda para intentar solucionar la crisis, pero sin invitar a los separatistas prorrusos. Por el momento, este “diálogo nacional” no ha dado ningún resultado.
Respecto al conflicto gasístico que opone Kiev a Moscú, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, instó al presidente ruso a respetar su “compromiso” de continuar la entrega de gas a Europa.
Barroso estimó también que la UE debía reducir su compra de gas y de petróleo rusos.
Putin afirmó la semana pasada que no había recibido ninguna “propuesta concreta” de la Unión Europea (UE) sobre el pago de gas ruso por parte de Ucrania e instó a Bruselas a una implicación “más activa”.
Moscú amenazó con suspender las entregas de gas a partir del 3 de junio, si Kiev no paga por adelantado su factura de ese mes, exigencia que las autoridades ucranianas rechazaron el martes.
El presidente Putin, por su parte, firmó en Shanghai con China un megacontrato de suministro de gas natural ruso valorado en 400.000 millones de dólares por una duración de 30 años a partir de 2018.