El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dijo este miércoles que confía en que no sea necesario aplicar las sanciones contra funcionarios venezolanos que estudia el Congreso de su país, pero subrayó que Washington tiene todas las opciones abiertas.

“Nuestra esperanza es que las sanciones no sean necesarias. Nuestra esperanza es que podamos ir hacia la dirección de la reconciliación”, dijo Kerry en una conferencia de prensa durante una visita a México.

Sin embargo, el secretario de Estado recordó que la iniciativa se está “moviendo” después de que una comisión del Senado diera luz verde el martes a sanciones para funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de derechos humanos durante manifestaciones antigubernamentales en el país suramericano. Este es un paso previo para su eventual adopción en el Congreso.

“Nuestra esperanza es que los líderes como el presidente (Nicolás) Maduro y otros tomen las decisiones que hagan innecesaria la implementación de las sanciones”, señaló Kerry al asegurar que el gobierno venezolano ha “fracasado totalmente” en cumplir los acuerdos previos para el diálogo con la oposición.

“Todas las opciones están sobre la mesa en este momento, con la esperanza de que podamos mover el proceso (de diálogo) adelante”, añadió el funcionario.

Las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana para poner fin a más de tres meses de protestas se trabaron recientemente por las críticas de la oposición a las masivas detenciones de estudiantes y la ausencia de avances concretos.

Kerry aseguró que Estados Unidos es testigo de la “impaciencia que está creciendo” en la región ante la demorada resolución de la crisis y recordó que él personalmente ha hablado con parte de los testigos de los diálogos que integran los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, así como el nuncio en Venezuela.

“Siempre le hemos dicho a Venezuela que estamos preparados para tener relaciones normales”, manifestó.

Las protestas, que se iniciaron en febrero en Venezuela en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada que roza el 60% y la alta criminalidad, dejan 42 muertos -algunos policías-, unos 800 heridos y 250 detenidos.