Por tercera vez se suspendió la audiencia de preparación de juicio oral por el caso que involucra a seis comuneros mapuche en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, tres de los cuales están imputados por incendio y tres por encubrimiento.

La jornada se inició con las diversas peticiones que tanto la defensa como la Fiscalía hicieron al juez de Garantía.

Los primeros en hablar fueron los abogados Karina Riquelme y Luis Soto Pozo, quienes expusieron una vez más la situación que según ellos, vulnera la defensa.

Esto es no tener todos los antecedentes disponibles, para así ver la posibilidad de incorporarlos como pruebas a un juicio oral o desecharlos.

Luego, la machi Millaray Huichalaf pidió la palabra al juez para solicitar que le designen un nuevo defensor, permitiendo esto un receso por media hora. Terminado el tiempo, se informó que el defensor asignado no pudo ser ubicado, suspendiéndose la audiencia.

Según el defensor público Luis Soto, la situación actual de suspender por tercera vez la audiencia, sucede por la negativa de la Fiscalía de Río Bueno a entregar todos los antecedentes a tiempo, así como por la escasa posibilidad de revisar éstos de manera óptima.

En tanto, el fiscal Sergio Fuentes prefirió no referirse a las acusaciones que se vertieron en la audiencia, sosteniendo que no está conforme con lo sucedido este jueves.

El defensor Luis Soto, ante la negativa que mostró el juez de Garantía de otorgar diversos requerimientos de la defensa, no descartó pedir la inhabilidad del magistrado.

Una de las imputadas, la machi mapuche Millaray Huichalaf, aseguró que ellos actualmente se ven afectados por una persecución, lo que les trae problemas tanto sociales como familiares.

Antes de finalizar la audiencia, el juez de Garantía informó a la defensa de los imputados que se enviará un documento informando a la Defensoría Regional sobre la postura dilatoria de los abogados Soto Pozo y Riquelme.

Cabe precisar que este viernes a las 09:30 de la mañana está fijada una nueva audiencia para resolver si se revisan las pruebas, tanto del Ministerio Público como de la Defensoría, para incorporarlas o desecharlas ante un futuro juicio oral.