Un grupo de 20 militares y funcionarios de seguridad estadounidenses saldrán de Ecuador por exigencia del gobierno, que meses atrás había anticipado su salida por considerar excesivos los efectivos de la embajada en Quito, informó una fuente diplomática el viernes.

El gobierno de Rafael Correa concretó la advertencia que había formulado en enero y el 7 de abril “solicitó formalmente” el fin de las actividades de la oficina de Cooperación de Seguridad adscrita a la embajada de Estados Unidos en Quito, dijo el portavoz de la legación, Jeffrey Weinshenker.

“Respetamos la decisión soberana del gobierno de Ecuador y al tiempo que la respetamos, lamentamos que el resultado de esa decisión sea limitar severamente nuestra asociación bilateral en temas de seguridad”, sostuvo el diplomático.

El llamado grupo militar deberá salir del país antes de que concluya este mes, según el plazo otorgado por el Ejecutivo, que todavía no ofrece más detalles al respecto.

Estados Unidos no ha informado aún si actuará en reciprocidad con funcionarios de la embajada ecuatoriana en Washington.

Correa, quien por estos días cumple una gira por España e Italia, había anunciado en enero que pediría la salida del grupo, cifrado inicialmente en 50 militares, por considerar “escandalosa” la cantidad de efectivos norteamericanos acreditados en Quito.

No obstante, la medida se inscribe en un largo historial de tensiones y “desconfianza mutua” (descrito así por el mandatario) entre Quito y Washington, principal socio comercial del país sudamericano.

En diciembre, Correa, en el poder desde 2007, también puso fin a las actividades de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), acusada meses antes de financiar a la oposición, y ha sido uno de los que más ha cuestionado la trama de espionaje global estadounidense revelada por el ex asesor, Edward Snowden.

“El gobierno ecuatoriano ha dejado en claro que ya no desea esta ayuda de seguridad. El gobierno estadounidense está reduciendo nuestros programas de cooperación en seguridad y trasladará los recursos a otro lugar”, comentó Weinshenker.

Una relación con altibajos

Los militares estadounidenses que partirán por decisión de Quito “cumplían una amplia gama de actividades de enlace y cooperación” con sus pares ecuatorianos, según la fuente.

Dicha cooperación se ha extendido a lo largo de cuatro décadas y ha abarcado la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilegal de drogas y de personas, principalmente.

Correa, un economista de izquierda formado en universidades de Estados Unidos, cuestionó que esa colaboración permitiera que militares enviados por Washington viajaran en helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como quedó al descubierto a raíz de un incidente con una nave baleada en la frontera con Colombia el 3 de febrero.

“Eso es inconcebible. Ya estamos tomando medidas al respecto”, advirtió meses atrás.

Dos años después de llegar a la presidencia, Correa marcó la pauta de lo que serían las relaciones con Estados Unidos bajo su gobierno -estrecho aliado de Venezuela y Bolivia, también críticos de Washington- al no renovar el convenio que permitía a militares estadounidenses operar una base antidrogas en el puerto pesquero de Manta (suroeste).

Después, en 2011, el presidente socialista expulsó a la embajadora estadounidense Heather Hodges, a raíz de la filtración de un cable en que la diplomática aludía a supuestas irregularidades en el nombramiento de un jefe policial.

Washington replicó la medida y después de cinco meses de distanciamiento, los países designaron nuevos embajadores.

Por su parte, el gobierno de Barack Obama ha cuestionado los vínculos de Quito con Irán y Bielorrusia, el asilo otorgado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien está en la embajada ecuatoriana en Londres, y la conflictiva relación de Correa con la prensa.

No obstante, previo a la medida adoptada este mes por Ecuador, los dos países habían tenido acercamientos diplomáticos para concretar un cita de alto nivel para tratar de mejorar su relación.