A través de un documento publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Chile, la Iglesia Católica dio a conocer su postura respecto a la anunciada reforma educacional que pretende llevar a cabo el gobierno de Michelle Bachelet.

El texto desarrollado por el presidente del Área de Educación del episcopado, el obispo de Temuco Héctor Vargas, plantea reparos a los cambios propuestos por el gobierno haciendo una defensa explícita al sistema de educación privada, por los “numerosos aportes” a nuestro país, junto con destacar el financiamiento compartido.

A juicio de la iglesia, actualmente se están impulsando reformas en países americanos que “denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado”.

Y respecto a las modificaciones al sistema chileno, el documento señala que “los anuncios por sí solo no son suficientes”, pues a juicio de la institución religiosa “se necesita ante todo conocer la propuesta formal por parte de las autoridades, discernir con serenidad, profundidad y mucho diálogo el alcance e implicancias de la misma”.

“En las esferas oficiales, en el mundo político y en la sociedad en general, se ha afirmado reiteradamente que se desea en el país la permanencia de la provisión mixta en educación, debido a los innumerables beneficios e innegables aportes a la sociedad chilena y su historia, tanto desde la Iglesia como del mundo privado en general (…) Se requiere entonces que la educación particular pueda continuar ofreciendo este servicio público, desde las características que son propias de su naturaleza”, señala el texto, en una clara defensa al sistema estudiantil pagado.

Por otro lado, y ante la controversia por el sistema de admisión que para algunos es considerado discriminatorio, la iglesia católica destacó la “necesidad” de este proceso para “informar a los padres convenientemente acerca de las características del Proyecto Educativo según el cual van a ser educados su hijos”. No obstante, aclara que “lo anterior no dice relación ni justifica sistemas de selección por razones económicas, de rendimiento o de situación familiar que resultan discriminatorios y contrarios al modo cristiano de educar”.

Respecto a la unificación del sistema educacional, el pronunciamiento califica de “impensable” la posibilidad de “acercarnos a un modelo de gestión escolar único, impuesto por el Estado a todo el sistema subvencionado, donde acuden mayoritariamente los pobres y la clase media”.

En ese sentido, se defiende el financiamiento compartido, señalándose que “esta figura colaboró en modo significativo a mejorar la educación, las prácticas pedagógicas, las innovaciones curriculares, los ambientes, los medios, la infraestructura, los salarios, y el perfeccionamiento en muchos establecimientos”. Aunque, la iglesia condenó el “uso y abuso del sistema” por parte de sostenedores que han lucrado con la educación, lo que a su juicio hace necesaria una revisión del sistema.

“Para las grandes transformaciones que se desean, se requieren propuestas más expresas en favor de quienes son claves a la hora de educar, los profesores. Sin embargo, no hay mayor mención sobre el Estatuto Docente, que hoy día requiere de una urgente evaluación. Asimismo constatamos la ausencia de propuestas respecto de un tema muy sentido por el sector, como es la Carrera Docente. Tampoco se perciben anuncios concretos sobre otra gran y urgente necesidad, como es la formación inicial de los profesores. Si una reforma no involucra la docencia y no ingresa en la sala de clases, tendrá dificultades para alcanzar sus objetivos”, critica el documento.

Por último, y en relación a la educación pública, indica que “se requiere contar con una educación municipal creciente en calidad”, pero que tenga otro sistema de evaluación menos “perverso” con “criterios de “calidad” que no podemos compartir (…) de comparación de lo que no es comparable, de estigmatización de los pobres, y que no dan cuenta de la enorme entrega y grandes logros de maestros en campos no medidos”.

“La eliminación del lucro entendido como negocio y usura con fondos públicos, y en desmedro de una educación de calidad y trato laboral indigno de sus trabajadores, no solo es necesario, sino un imperativo moral. Al mismo tiempo observamos la realidad de los particulares que sirven en la educación subvencionada, y arriesgando su patrimonio deben endeudarse con el sistema crediticio e hipotecar sus bienes, a fin de financiar de su propio haber los terrenos, construcciones, mobiliario, laboratorios, talleres, etc. Confiamos que se establecerán las medidas adecuadas para conciliar ambas situaciones”, concluye.

Cabe destacar que en nuestro país existen 846 colegios católicos, lo que representa un 6,9% de la totalidad de los establecimientos educacionales en nuestro país.