La policía venezolana detuvo este martes nueve sospechosos de participar y organizar los violentos disturbios que grupos de encapuchados realizan casi a diario desde hace dos meses en el este de Caracas, informó el ministro de Interior, Miguel Rodríguez.

“Esta madrugada se hicieron los primeros diez allanamientos y se detuvieron a las primeras nueve personas sobre las que se tiene suficientes evidencias y elementos que los incrimina en la comisión y organización de actos terroristas en el municipio Chacao”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

Solo tres de los sospechosos fueron arrestados en Chacao, detalló Rodríguez, en la que los detenidos (entre ellos una mujer) estaban presentes, pero con los rostros cubiertos.

Un operativo de inteligencia de la policía científica (CICPC) “permitió la plena identificación, inclusive con elementos incriminatorios de videos y grabaciones, de los que lideran, financian y organizan esas protestas”, añadió Rodríguez, quien aseguró que los detenidos serán presentados a la justicia.

Rodríguez indicó que uno de los detenidos es presuntamente señalado como el responsable de pagar semanalmente a los manifestantes 5.000 bolívares (un salario y medio mínimo mensual) para protestar.

También informó que en los allanamientos se incautó, entre otros elementos, una pistola calibre 9 milímetros.

Las protestas iniciadas hace dos meses contra el gobierno -con saldo de 41 muertos- bajaron de intensidad, pero persisten focos de violencia en Chacao, donde manifestantes radicales encapuchados casi a diario provocan destrozos y con bombas molotov, piedras y cohetones se trenzan en combates callejeros con unidades antimotines, que responden con gases lacrimógenos, chorros de agua y perdigones.

Por otro lado, Rodríguez también anunció que se relanzará el Plan Patria Segura, en 20 parroquias (distritos) del país, siete en el estado de Miranda gobernada por el líder opositor Henrique Capriles, para combatir la violencia criminal, que es uno de los detonantes de las manifestaciones, que han dejado además unos 650 heridos y 120 investigaciones por violación de los derechos humanos.

“Vamos a hacer un abordaje piloto que nos va a permitir llevar estadísticas milimétricas (…) de como se va moviendo el delito en esos espacios”, añadió el funcionario.

La suma de la crisis económica y la cotidiana violencia criminal que padecen los venezolanos derivó en las protestas que se viven en el país desde el 4 de febrero.