Un juez de la Suprema Corte de Justicia estadounidense planteó el lunes dudas sobre los límites de la autoridad gubernamental para detener a sospechosos de terrorismo en la prisión de Guantánamo, abriendo esperanzas a quienes han estado confinados allí durante años sin acusación.

La alto corte se negó a considerar la apelación de un yemení mantenido durante 12 años en la prisión militar estadounidense en la isla de Cuba, validando de hecho el dictamen de un tribunal de menor rango que establecía que el preso podía ser detenido simplemente porque había “integrado Al Qaida o el talibán en el momento de su arresto”.

El juez liberal Stephen Breyer, aunque adhirió a la resolución, emitió una declaración subrayando varios aspectos que la corte debe considerar en relación a la autoridad del gobierno sobre detenciones.

Breyer afirma que el alto tribunal no consideró si las fuerzas armadas estadounidenses pueden detener a alguien que no estaba “comprometido en un conflicto armado contra Estados Unidos en Afganistán antes de su captura”, incluso si esa persona era miembro de Al Qaida o el talibán.

Agregó que incluso si tal detención es permitida, la corte tampoco consideró si la “Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por su sigla en inglés), aprobada en setiembre de 2001 luego de los ataques del 11/9, o la Constitución “limitan la duración de la detención”.

Breyer explicó que la AUMF permite al presidente de Estados Unidos “usar toda la fuerza necesaria y apropiada” contra quienes se cree ayudaron a realizar los ataques “con el objetivo de prevenir todo futuro acto de terrorismo internacional contra Estados Unidos”.

En 2004, la Suprema Corte confirmó que la AUMF es constitucional y autoriza al presidente a detener a “combatientes enemigos” con la condición de que el individuo “haya integrado o apoyado a fuerzas hostiles a Estados Unidos o miembros de la coalición en Afganistán y que se hayan involucrado en un conflicto armado contra Estados Unidos allí”.

Pero la declaración de Breyer indica que puede estar dispuesto a considerar una apelación en base a las áreas oscuras que describió y que no han sido consideradas por el tribunal.

Abdul al-Qader Hussain, de 30 años, fue capturado en marzo de 2002 en Pakistán bajo la sospecha de tener nexos con la red Al Qaida, entonces liderada por Osama bin Laden y con el talibán, acusación que negó reiteradamente.

En su alegato, los abogados de Hussain habían pedido solamente al alto tribunal que determinara el “nivel de prueba” que necesita el gobierno para justificar su detención, no los problemas legales que Breyer menciona en su documento.

Hussain disputa el hecho de que los tribunales de menor rango hayan confirmado su “detención indefinida” a causa de sus viajes a Afganistán cuando era adolescente, el tiempo que pasó en algunas mezquitas y que poseía un rifle.