Distintas reacciones generó entre los concejales de Los Ángeles el resultado de la auditoria solicitada bajo la administración anterior, proceso que determinó que existen $2.200 millones por cobrar.

Se trata de dineros sin percibir por concepto de licencias médicas, pago de permisos de circulación y patentes comerciales, según la exposición del auditor Franco Riquelme, perteneciente a la empresa externa contratada por la corporación edilicia.

La edil Francisca Guzmán sostuvo que existen grandes cantidades de dinero por llegar al municipio, lo que no se condice con las necesidades de la comunidad. Por ello espera que se implemente un sistema riguroso de cobranza, con funcionarios dedicados exclusivamente a ello.

El concejal Víctor Salazar sostuvo que existen situaciones complejas en torno a la recuperación de dineros y errores administrativos que se deben corregir. Afirmó al respecto que analizará el informe que entregará la empresa auditora, para posteriormente saldar dudas con los jefes de los departamentos cuestionados.

Aunque para el edil Aníbal Rivas la auditoria confirmó su percepción en torno a que no existen situaciones graves al interior del municipio, se debe actualizar el registro histórico sobre la cuentas por cobrar.

La auditoria se desarrolló por cinco meses y consideró los departamentos de Educación, Salud, municipio y cementerios, por un valor de $64 millones.