El gobierno japonés revisará su plan de caza “científica” de ballenas en la Antártida, en virtud del veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el objetivo de darle un cariz más científico compatible con las reglas internacionales.

“Realizaremos estudios en colaboración con los ministerios concernidos para presentar un nuevo programa de investigación este otoño ante la Comisión Ballenera Internacional”, explicó el ministro de Pesca, Yoshimasa Hayashi.

El responsable nipón de Pesca aseguró que tenían en cuenta los criterios de la alta instancia judicial de Naciones Unidas, quien consideró que el programa científico de Japón escondía actividades comerciales.

El ministro insistió en que Japón cancelará la segunda fase de investigación en la Antártida, el plan Jarpa II, conforme a la decisión judicial y a la espera de elaborar otro.

“Tras el veredicto, nuestro país mantendrá la política de caza de ballenas para investigación, en base al derecho internacional y a criterios científicos con el objetivo de recoger los datos científicos necesarios para una reglamentación de los recursos balleneros y con la finalidad de reanudar la caza comercial”, explicó Hayashi.

Japón pone fin así al controvertido programa que llevaba a cabo hasta el momento en la Antártida y presentará otro en el que se incluyan elementos científicos con el objetivo de beneficiarse de la excepción acordada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para la captura de ballenas con fines científicos en el océano Antártico.

LA CAZA CONTINUARÁ EN EL PACÍFICO

Aunque la expedición de la Antártida ha sido anulada, Japón continuará con la caza “científica” de ballenas en otras partes, como en el océano Pacífico, donde llevará a cabo a partir del 26 de abril la segunda fase de capturas pero reduciendo su número.

En el caso de la campaña de la Antártida, la CIJ dio recientemente la razón a Australia, que presentó el asunto ante el alto tribunal judicial de Naciones Unidas, al afirmar que Japón destinaba a fines comerciales la caza científica de ballenas.

Tras la decisión de CIJ, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo estar “muy decepcionado”, pero afirmó que Japón la acataría.

A pesar de esta promesa y de la “victoria” ante la justicia internacional, Australia y Nueva Zelanda mostraron rápidamente su temor de que Tokio intente esquivar la prohibición de la CIJ, como ya hizo con la moratoria de 1986 acordada por la CBI.

La organización ecologista Sea Shepherd advirtió que el gobierno japonés no se doblegaría tan fácilmente ante esta prohibición. Según esta organización, el Instituto japonés de Investigación de Cetáceos (ICR) informó a los tribunales de Estados Unidos de su intención de volver a cazar cetáceos en el océano Antártico en el invierno 2015-2016 con un nuevo programa de investigación.

Este instituto rechazó el lunes comentar esta afirmación, si bien Hayashi respondió indirectamente a Sea Shepherd.

“Respecto a los actos ilegales de violencia cometidos por las organizaciones contrarias a la caza de ballenas, estudiaremos medidas en línea con el nuevo programa para garantizar la seguridad de la flota, de los investigadores y de la tripulación”, advirtió.