El gobierno de Perú calificó el jueves de “un duro golpe al terrorismo” la captura de los líderes de Movadef, brazo político de la guerrilla Sendero Luminoso, bajo acusaciones de financiarse con el narcotráfico, según el ministro del Interior Walter Albán.

“Se trata de un duro golpe al terrorismo. El gobierno no puede descuidar ninguna de las actividades de estos grupos que quieren promover el caos y la violencia en el país”, dijo Albán en una rueda de prensa.

“El gobierno no puede bajar la guardia, el objetivo es erradicar a los grupos terroristas de Perú”, agregó el Ministro.

Uno de los detenidos es el cantante de música andina Walter Humala, primo del presidente Ollanta Humala. El mandatario peruano se refirió a su detención y dijo sobre su pariente que “en Perú nadie tiene corona”.

La noche del miércoles 28 dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) fueron detenidos en una amplia operación policial-militar ejecutada en Lima y otras cuatro regiones del país.

Los detenidos fueron acusados por delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo con dineros del narcotráfico, informó desde Canadá el presidente Ollanta Humala al anunciar el resultado de la operación.

Durante la madrugada se detuvieron a otras cinco personas en distintas partes del país completando 33 arrestados, indicó el Gobierno.

Los capturados enfrentan posibles condenas de 25 años de cárcel y en algunos casos excepcionales la pena de cadena perpetua, según indicó uno de los fiscales en el caso, Víctor Cubas.

La reacción de Movadef no se hizo esperar. La agrupación calificó como una “siniestra patraña reaccionaria” la detención de sus dirigentes y activistas y exigió su “inmediata libertad”.

“Rechazamos la persecución política de la cual venimos siendo objeto desde hace tiempo… con falsos argumentos de una supuesta vinculación con los alzados en armas en el Huallaga (selva central) y financiamiento del narcotráfico”, señaló un comunicado de la agrupación.

El Movadef plantea una “amnistía general de civiles, policías y militares que intervinieron en el conflicto armado (1980-2000) para poner fin a los problemas derivados de la guerra interna”, y señala que su objetivo es participar “sin armas” en la vida política y democrática del país.