El jefe histórico del grupo armado maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, compareció este jueves en una diligencia judicial reservada, sin acceso a la prensa, en el marco del proceso por un atentado terrorista que dejó 25 muertos en 1992, informaron a la AFP sus abogados.

La diligencia a Guzmán, de 79 años, forma parte del caso “Tarata” que representó uno de los más letales atentados con coche bomba en Lima durante los años de plomo de Perú marcando a sangre y fuego la ofensiva senderista del área rural a la ciudad.

“Se trata de una sesión reservada a diferencia de lo sucedido cuando recién se instaló el proceso, donde la prensa tuvo acceso”, dijo a la AFP el abogado Carlos Gamero, defensor de Guzmán, quien lamentó la restricción impuesta a los periodistas.

La jueza Mercedes Caballero, presidenta del Segundo Juzgado Penal Nacional, convocó a la diligencia además de Guzmán, al fiscal del caso Jhonny Soto, y a los dos abogados del líder de Sendero Luminoso, Carlos Gamero y Alfredo Crespo.

La legislación peruana permite a los magistrados en los juicios por delito de terrorismo excluir a la prensa en algunas fases del proceso, señaló la oficina de prensa del Poder Judicial del Perú consultada por la Asociación de Prensa Extranjera.

La diligencia del jueves tiene carácter de instructiva, lo que equivale a una sesión durante la cual la jueza formula los primeros interrogantes sobre el caso a los procesados.

El juicio por el caso Tarata se inició el pasado 20 de enero con una sesión abierta a la que tuvo acceso la prensa y a la que acudieron Guzmán y una docena de integrantes de la encarcelada cúpula senderista.

En ese atentado ocurrido en el barrio residencial limeño de Miraflores, se usaron dos coches bomba cargados con 500 kilos de explosivos.

Guzmán cumple una condena de cadena perpetua en una cárcel militar de máxima seguridad por delitos de terrorismo desde 1992, el año que fue capturado.

Sendero Luminoso lanzó en 1980 una “guerra popular” de corte maoísta para tomar el poder, que el propio Guzmán declaró concluida en 1993 en una declaración desde prisión.

El conflicto interno peruano dejó unos 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.