La investigación judicial a una destacada diputada antichavista aumentó la presión sobre la oposición radical de Venezuela, que ya tiene a uno de sus líderes encarcelado acusado de instigar la violencia en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.

La mayoría oficialista del Legislativo venezolano solicitó la noche del martes indagar a María Corina Machado por “instigación a delinquir, traición a la patria, terrorismo y homicidio” durante las protestas en Venezuela.

Entretanto, la contestación al gobierno, que se inició hace cinco semanas en San Cristóbal (oeste) y se extendió a otras ciudades, ha amainado en los últimos días, transformándose en pequeños focos de protestas.

Los abogados de Machado reaccionaron denunciando este miércoles ante la Fiscalía General las “grabaciones ilícitas” de conversaciones telefónicas que presentó la bancada chavista como prueba para solicitar la investigación a la diputada.

Si la Fiscalía decide abrir una investigación a Machado tiene que comunicarlo al Tribunal Supremo de Justicia, que contará con 30 días para resolver si la enjuiciará, pues cuenta con inmunidad parlamentaria, explicó a la AFP uno de los abogados de la legisladora, José Amalio Graterol.

El martes por la noche, en una sesión inusualmente fugaz, la mayoría chavista de la Asamblea votó pedir la investigación después de mostrar audios, videos y documentos que involucrarían a Machado en la violencia que vive Venezuela desde el pasado 4 febrero.

-”No me van a callar”-

“Si creen que amenazándome y ‘allanando’ mi inmunidad me van a callar, no me conocen”, respondió por Twitter Machado, que este miércoles viajó a Washington, donde el viernes tiene previsto tomar la palabra ante el Consejo Permanente de la OEA a solicitud de Panamá.

Machado, una ingeniera de 46 años que fue precandidata presidencial de la oposición para las elecciones de octubre de 2012, es impulsora de “La Salida”, como se llama a la táctica de realizar protestas callejeras para forzar el fin del gobierno de Maduro.

Otro de los promotores es Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, también acusado por el gobierno de incitar a la violencia y encarcelado desde hace un mes en una prisión militar a la espera de que se determine si hay elementos para juzgarlo.

Carlos Vecchio, otro dirigente de Voluntad Popular, está prófugo de la justicia tras ser señalado igualmente como instigador de la violencia.

- Protestas a la baja -

Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta, se encuentra desde hace cinco semanas inmerso en una ola de protestas contra la inseguridad, la inflación y la escasez de productos básicos, entre otros reclamos, que hasta la fecha han dejado 29 muertos y unos 400 heridos en distintos hechos.

Pero varias cosas han cambiado en la última semana: el número de manifestantes se ha reducido paulatinamente, los disturbios de cada noche en varios puntos del país se han ido apagando y las protestas que aglutinaban a miles de personas se han atomizado en pequeños focos.

Este miércoles, decenas de vecinos de Chacao, el distrito opositor del este de Caracas que se convirtió en el epicentro de las protestas, reclamaban contra la militarización ordenada por Maduro para apagar definitivamente los disturbios.

En la plaza Altamira de ese distrito se realizaron distintas expresiones de protesta, como oraciones en memoria de los fallecidos.

“No creo que la gente esté cansada de protestar. Yo me mantendré en la calle los meses que sea necesario (…) Creo que la protesta está tomando otra proyección y otras personas se están manifestando, entre madres, abuelas, tías, gente que no es estudiante”, explicó a la AFP Vilma Molina, una psicopedagoga de 53 años que se sumó al centenar de personas que protestaba al mediodía.

En Bello Campo, otro vecinadrio de Chacao, medio centenar de mujeres, tras una larga espera para entrar a un supermercado, bloquearon por momentos una avenida al grito de “¡Queremos leche, queremos leche!”.

En el centro de Caracas, los maestros protestaron contra el deterioro de la educación, mientras a varias cuadras, frente al Ministerio de la Alimentación, miembros del partido opositor Acción Democrática rechazaban la implementación de una tarjeta electrónica para controlar la compra de productos en supermercados del gobierno.