El diputado comunista por Tarapacá, Hugo Gutiérrez, junto a organismos de defensa de la infancia solicitaron este lunes a la Corte Suprema la reapertura del caso de 12 niñas y 2 mujeres asesinadas en Alto Hospicio, que aún mantiene sin resolver su principal arista.
La petición se basa en que hasta la fecha -desde el 2001, cuando quedaron al descubierto los crímenes- operan en el norte grande redes de explotación sexual infantil, que correspondía a una de las principales aristas del caso.
De acuerdo a información aportada por la Comisión de Jueces de Familia que presidió la magistrado Mónica Jeldres, dichas redes involucran a funcionarios del Sename, jueces de Familia, funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
Por otra parte, los familiares alegan que el vínculo entre Julio Pérez Silva, el único inculpado por los 14 asesinatos, y organismos de las Fuerzas Armadas y de las policías, nunca quedó aclarado.
A juicio de los cercanos a las víctimas, este hecho cobra mayor relevancia cuando el designado ministro de Defensa, Jorge Burgos, acaba de ofrecer disculpas públicas a los familiares de las víctimas y a representantes de Organizaciones Ciudadanas de Alto Hospicio, que han cuestionado este nombramiento.
En sus disculpas, Burgos declaró que en su calidad de subsecretario del Ministerio del Interior de la época, fue desinformado por funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, lo cual habría llevado al Gobierno que representaba a desestimar las denuncias de los familiares permitiendo que él o los asesinos siguieran asesinando a niñas y mujeres de Alto Hospicio.
Recodemos que en su oportunidad Burgos señaló que “al menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono producto de situaciones personales que tiene que ver con mala relación con los padres, violencia intrafamiliar; pero eso se tiene que investigar, pero quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas”.
No obstante, esa teoría quedó obsoleta cuando unas semanas después apareció una estudiante de 13 años al borde de la carretera haciendo dedo, asegurando que un hombre en un vehículo había intentado violarla. Ese hombre era Julio Pérez Silva, quien fue condenado a presidio perpetuo por violación y el homicidio de 14 mujeres, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más conocido de nuestro país.
Ante las evidencias y la presión de familiares, Burgos terminó por reconocer que “una de las cosas de las que estoy arrepentido en mi vida, es haber dicho eso con una simple información policial”. En ese sentido, el designado titular de Defensa agregó que “aprendí en la vida, a partir de eso, que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene sólo una información. Así que tienen todo el derecho a protestar”.
El denominado “psicópata de Alto Hospicio” se declaró culpable, admitiendo los crímenes y violaciones, revelando la ubicación de todas sus víctimas. Finalmente la justicia determinó el 26 de febrero de 2004 condenarlo a 40 años de prisión.
Sin embargo, tras el cierre del caso, familiares de 5 mujeres desaparecidas en Alto Hospicio continúan pidiendo que la justicia investigue si corresponde a alguna víctima de Julio Pérez Silva, quien no las agregó a su macabro historial durante su confesión. Es por este motivo que las dudas apuntan a esa presunta red de explotación sexual infantil, que involucraría tanto a efectivos de Carabineros, como de la PDI.