El gobierno peruano duplicó los sueldos de sus ministros y otros funcionarios y desató una polémica este lunes con críticas de opositores y apoyo de empresarios a la controvertida medida gubernamental.

El diario oficial peruano hizo público el sábado un decreto que consignó el fuerte aumento para funcionarios del gobierno central, gobiernos regionales y locales.

Los ministros de gobierno fueron los más beneficiados y pasaron de cobrar 15.000 nuevos soles a 30.000, unos 10.600 dólares.

“Es una medida que se justifica porque forma parte de la reforma de remuneraciones en todo el estado, y que ya se dio en el Poder Judicial, la Policía, el magisterio (profesores)”, dijo el ministro de Economía peruano Luis Castilla, a la radio RPP.

Castilla señaló que el sueldo que percibían los ministros (unos 5.300 dólares) estaba muy atrasado si se comparaba con los de sus homólogos de otros países como Chile, donde perciben 15.000 dólares, y México, en donde ganan hasta 11.000, según dijo.

“El objetivo es atraer a la administración pública a gente con solvencia técnica”, justificó por su lado el jefe de gabinete peruano, César Villanueva.

El sueldo del presidente Ollanta Humala no fue modificado y se mantiene en 15.600 nuevos soles (unos 5.500 dólares), dijo Castilla.

La medida generó inmediatas críticas de la oposición, que adelantó que solicitará la interpelación de Villanueva para que dé explicaciones ante el Congreso.

En cambio, recibió el apoyo de las entidades empresariales.

El presidente de la Confiep (confederación empresarial), Alfonso García Miro, afirmó que es una “medida sensata” para atraer a mejores hombres al gobierno.

“Estamos absolutamente de acuerdo con el gobierno, nos parece una medida sensata y uno de los componentes de una formula virtuosa de incentivos para la carrera pública”, dijo García.

El expresidente Alan García consideró que el gobierno se aprovechó del entusiasmo por el reciente fallo favorable en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el diferendo marítimo con Chile, para otorgarse ese aumento.

“El pueblo detendrá esta injusticia”, advirtió García que gobernó entre 1985-1990 y 2006-2011.

En enero de 2013, el Congreso debió anular un incremento de los gastos de representación de los legisladores, que los elevaba a 5.800 dólares mensuales, luego de un mes de fuertes críticas de la ciudadanía.