Informe sobre Derechos Humanos realizado por organizaciones de la sociedad civil revela que los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidos en la Constitución y que en Chile el convenio 169 de la OIT no se ha implementado adecuadamente.

Estas declaraciones fueron expuestas en el cuarto informe de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en Chile durante 2013. En él, organizaciones no gubernamentales dieron cuenta de los avances y déficit del Estado chileno en el cumplimiento de sus compromisos con el sistema internacional.

En cuanto a los derechos de sectores vulnerables, el informe asegura que éstos siguen sin una adecuada protección jurídica. Tampoco se han desarrollado las políticas públicas que se requieren para asegurar la vigencia de estos derechos.

De acuerdo a lo mencionado por Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, en América Latina hay sólo dos países que aún no reconocen en la Constitución a los pueblos originarios, uno de ellos es Chile. Acevedo además mencionó que el convenio 169 de la OIT no ha sido implementado adecuadamente.

Lo anterior fue confirmado por Claudia Painalef, asesora indígena de Los Ríos, agregando que esto ocurre en todo el país, no sólo en el sur con el pueblo mapuche.

En cuanto a las protestas realizadas por reivindicación de tierras y los recursos naturales, Acevedo dijo que el informe arrojó que el pueblo mapuche sigue siendo criminalizado.

Por su parte, Claudia Painalef ratificó lo expuesto en el informe, mencionando que eso queda a la vista con la militarización de las zonas en conflicto.

A su vez, desde el Observatorio Ciudadano lamentan que el Estado destaque en el extranjero las consultas que se están realizando a los pueblos indígenas, considerando que ninguna de ellas ha sido aceptada por los ciudadanos donde se quiere aplicar.

Estos análisis fueron expuestos en la presentación del informe de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en Chile durante 2013, el cual busca aportar elementos para el debate que permita una vigencia efectiva de estos derechos en el país.