Diversas reacciones ha generado el envío del proyecto de ley de Pro Inversión, el que busca eliminar trabas y establecer mayor certeza jurídica para los inversionistas. Mientras los parlamentarios de la Nueva Mayoría afirman que existe un notable retraso en el envío del documento al Congreso, los dirigentes de movimientos sociales en contra de los proyectos energéticos afirman que la entrada en vigencia de la norma puede generar grandes impactos en el medio ambiente.

El pasado viernes, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, anunció que esta semana la iniciativa ingresará con urgencia simple a la Cámara de Diputados.

Con la ley Pro Inversión, el Ejecutivo busca simplificar procedimientos, disminuir plazos de tramitación, requisitos innecesarios y duplicidad de trámites, ahorrando tiempo y costos.

De acuerdo a Larroulet, la normativa “es necesaria a la luz de antecedentes que muestran que hoy existe un alto número de proyectos de inversión en proyectos de inversión en carpeta”.

El diputado PS Alfonso de Urresti criticó la iniciativa del presidente Sebastián Piñera, afirmando que tramitar esta norma en diciembre es extemporáneo.

Según el Catastro de la Corporación de Bienes de Capital a septiembre del 2012, para el quinquenio 2012-2016 hay casi 700 proyectos en carpeta, los que equivalen a una inversión de USD$122.000 millones, siendo los más relevantes los proyectos mineros y energéticos.

La ley Pro Inversión contempla modificaciones en el Código de Agua, en la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en materia de concesiones marítimas.

El dirigente de Patagonia Sin Represas, Erwin Sandoval, agregó que la normativa ya no exige a las empresas ingresar proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con un mínimo de 3 megawatts, sino con uno de 20 megawatts, lo que ignoraría posibles impactos ambientales.

Desde el Ejecutivo esperan que el proyecto de ley se logre aprobar antes de que concluya el período legislativo, ya que además de haber sido elaborado con la ayuda del sector privado, también cooperaron asesores de parlamentarios de la Nueva Mayoría.