Un nuevo caso de maltrato de internos se registró en El Manzano, obligando a que un defensor, un fiscal, una jueza de Garantía y personal de la PDI se constituyeran en el penal.

Paralelo a esta denuncia y conociendo de la golpiza a condenadas de la sección femenina, la Corte Suprema ordenó informar de las múltiples denuncias a la Dirección Nacional de Gendarmería.

Una quinta investigación en 8 meses se inició por denuncia de la Defensoría, esta vez a raíz de las lesiones a adolescentes de la cárcel El Manzano durante un allanamiento por la existencia de teléfonos celulares, según informó el defensor Eduardo Rosado.

La situación quedó al descubierto cuando autoridades de Gendarmería solicitaron permiso para ingresar a la sección juvenil del penal, el que fue negado en primera instancia. Sólo pudieron acceder con una orden judicial obtenida por el defensor, y fue entonces que los condenados informaron de la golpiza recibida por al menos 7 muchachos.

Los hechos llevaron a que Rosado activara el aparato judicial:

La jueza de Garantía Ana María Fierro dirigió en el penal una audiencia en la que se abrió la correspondiente investigación por parte del fiscal Eric Aguayo, quien ordenó de inmediato diligencias y peritajes a la PDI.

El alcaide del Manzano, comandante José Provoste, justificó el proceder de los gendarmes, al subrayar que actuaron luego que algunos fueran atacados y lesionados.

Mientras se denunciaba este quinto hecho de maltrato, la Corte Suprema, al revisar un recurso de amparo por la golpiza a internas de la sección femenina de la cárcel penquista, ordenó enviar los antecedentes de la seguidilla de maltratos a la Dirección Nacional de Gendarmería, informó el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro.

En el nuevo episodio de violencia, la PDI recogió ropas ensangrentadas de los jóvenes golpeados, algunos de los cuales fueron enviados al Servicio Médico Legal. El Instituto de Derechos Humanos evalúa la presentación de una querella contra los gendarmes.