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El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra quienes resulten responsables de un millonario fraude que afectó a carabineros con pagos de sobreprecios. El escrito, al que tuvo acceso en exclusiva Radio Bío-Bío, contiene un informe de la Contraloría General de la República que avaluó las perdidas en 1.600 millones de pesos.
Se trata de una querella presentada por la procuradora general del Consejo de Defensa del Estado, Irma Soto, el 4 de octubre pasado, donde se denuncia los delitos de malversación o fraude al fisco, cohecho agravado y soborno.
La causa la investiga el fiscal José Morales, quien el 13 de enero de este año abrió un cuaderno separado con las presuntas irregularidades que vinculan a Carabineros con la empresa importadora Mellafe y Salas S.A. situación de la que tomó conocimiento el séptimo juzgado de Garantía de Santiago.
Son compras irregulares en el departamento de Tecnologías de Informaciones y Comunicaciones (TIC) de Carabineros de Chile, denuncia que plateó en un reportaje Ciper-Chile en febrero de 2012, donde se involucraban además a otras empresas como Entel, Elsag-Datamat S.P.A. e Interexport (representante de Motorola en Chile).
Respecto a Mellafe y Salas, las irregularidades fueron detectadas por un sumario disciplinario realizado por la policía uniformada, tras el viaje de un oficial de la institución a Japón, financiado por esta empresa.
Se trataba del capitán Carlos Bustos Prat, entonces jefe de la “Sección Gestión Económica del departamento TIC” que viajó a Tokio entre el 2 y 11 de octubre del año 2009, en compañía del gerente de la división de instituciones públicas de Mellafe y Salas, Rodrigo Carrasco Quiroga.
Este último además apareció realizando un depósito al oficial Bustos por $1.470.000 para pagar a una empresa constructora, y así asegurar la compra de un departamento de la constructora Almazara en beneficio del capitán.
En este sumario, según la querella del Consejo de Defensa del Estado a la que tuvo acceso Radio Bío-Bío, se confirmó que se realizaron compras de manera directa a Mellafe y Salas, vulnerando el conducto regular para estas adquisiciones, de 295 generadores eléctricos por un valor total de $787.887.844, con un sobreprecio de $484.160.564.
Para encubrir sus movimientos, el capitán Bustos se valió de las empleadas civiles de este departamento de Carabineros, Ximena Aguilera Díaz y Berta Hernández Figueroa, a quienes les pagó en total 7 millones de pesos en dos años.
En el libelo también se menciona al teniente coronel Ramiro Martinez Chiang, jefe de la sección de infraestructura del departamento TIC de carabineros, quien reconoció haberse reunido con representantes de Mellafe y Salas, para “elevar los requerimientos del portal Chile Compras” para la adquisición de los generadores eléctricos.
El 19 de julio pasado, el Consejo de Defensa del Estado recibió un informe reservado de la Contraloría General de la República con el cálculo de las pérdidas que significaron para el Estado las irregularidades en las compras de estos aparatos a Mellafe y Salas, importadora que tiene entre sus dueños al ex militante de Renovación Nacional, ex presidente del diario La Nación y amigo del presidente Sebastián Piñera, Daniel Platovsky.
El informe, al que tuvo acceso en exclusiva Radio Bío Bío, concluye que Carabineros “pagó mayores precios que los de mercado por bienes adquiridos a través de convenios marco a la firma Mellafe y Salas S.A. por un total estimado $ 1.612.676.018.- en circunstancias de que Carabineros había realizado compras de productos similares mediante otras modalidades a precios más convenientes”.
Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría puso en conocimiento de estos hechos con el informe reservado al Ministerio del Interior, al general director de Carabineros, Gustavo González Jure, al Servicio de Impuestos Internos, a la fiscalía Centro Norte, a la Fiscalía Nacional Económica y al mismo Consejo, lo que posibilitó la presentación de esta querella.
Ya que no sale mencionado en la querella, el informe reservado de Contraloría -para calcular el sobreprecio pagado por Carabineros- también debió incluir el arriendo por 5 mil impresoras, trato que se cerró a fines de 2011, donde el total facturado a Mellafe y Salas superó los $2.850 millones.
En el libelo solicitan al fiscal José Morales que tome declaración en calidad de imputados a los oficiales de Carabineros Bustos y Martinez, y al ejecutivo de Mellafe y Salas que sirvió como nexo con la institución de orden y seguridad, entre varias diligencias.
Revisa la querella, con todos sus detalles, a continuación:
