El Ministerio de Educación firmó un convenio con la Universidad Católica Silva Henríquez, para la reubicación de 450 estudiantes de la sede Maipú de la Universidad del Mar, cuyo costó bordeará los mil 200 millones.

El rector del plantel, Jorge Baeza, indicó que los estudiantes de la la casa de estudios no son tan distintos de los que recibirán, evitando criticar el lucro que realizaban los controladores de la Universidad del Mar y que derivó en su cierre.

Este convenio, junto con garantizar la continuidad de estudios de los alumnos de la sede Maipú, también asegura entre 50 y 70 cupos en los servicios públicos de salud, para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas clínicas, como lo detalló el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

Si bien en febrero de este año el destituido ministro de Educación Harald Beyer, concurrió hasta el Consejo de Defensa del Estado para que demandara a los controladores de la Universidad del Mar, con el fin que se hicieran cargo de los costos de la reubicación, no se tienen antecedentes de que esta situación se haya concretado, por lo que los millonarios montos para tal situación han debido salir de las arcas públicas.

En el caso del convenio con la Universidad Católica Silva Henríquez, el ministerio deberá desembolsar cerca de mil 200 millones de pesos, como lo detalló la ministra Schmidt.

Según la ministra, estos montos son equivalentes para el resto de los convenios que el Mineduc ha firmado con otros planteles.

En el caso de la Universidad Católica del Maule, donde los beneficiados son mil 400 estudiantes, el costo para el Estado es de 3 mil 200 millones de pesos. Para el caso de la Universidad de Magallanes, donde se reubicaron a 240 alumnos, el gasto llega a los 880 millones de pesos.

El integrante de la Comisión de Educación del Senado y presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró que si el Estado no recupera estos dineros, será el gobierno el único responsable.

Incluso en el presupuesto de educación para el próximo año, se destinaron 13 millones de dólares para la reubicación de los estudiantes de la Universidad del Mar, sin que se tenga certeza que los controladores Sergio Vera, Mauricio Villaseñor, Héctor Zúñiga y la familia del fallecido Raúl Baeza, respondan con su patrimonio, por los millonarios gastos en que ha incurrido el Estado.