El sector eléctrico chileno atraviesa una profunda crisis, que no tiene que ver solamente con generación y transmisión, sino que es una crisis que se viene arrastrando hace décadas, y que deja en evidencia un modelo eléctrico antiguo y obsoleto que tiene sus bases en la década de los 80’.

Este modelo fue validado por la Constitución de 1980, y ha permitido el desarrollo de un Estado subsidiario y con nula capacidad de planificación, lo que ha permitido que un grupo reducido de empresas privadas administren y gestionen los diversos tramos del sector (generación, transmisión y distribución), lo que ha llevado al país a tener una matriz eléctrica contaminante, cara y vulnerable debido a la alta dependencia de combustibles fósiles importados. En este contexto, la labor del Estado ha dejado mucho que desear, pues su nula intervención ha permitido que la “mano invisible del mercado” lo regule todo.

Recientemente, el Gobierno en una “emoción del momento” y sin una base informativa adecuada, se ha comprometido voluntariamente ante la comunidad internacional a reducir su huella de carbono para el año 2020 en un 20%. Parte importante de las emisiones de CO2 del país se concentran en el transporte y en la matriz eléctrica; al revisar la capacidad instalada para el año 2011 queda en evidencia el problema que representa una matriz carbonizada y altamente dependiente de combustibles fósiles, que se compone en un 63% de generación térmica –principalmente gas, carbón y petróleo-, un 36% de generación hidráulica y sólo en un 1% de generación eólica.

A esto se suma que cada año son más las comunidades que manifiestan su disconformidad con la instalación de proyectos, lo que en ocasiones deriva en algún tipo de conflicto, al ver amenazada su calidad de vida y el entorno donde viven frente al desarrollo de proyectos eléctricos dentro de sus localidades; muchas veces se llega a reclamaciones judiciales, instancia que refleja la crisis institucional que vive este sector.

Al revisar la publicación hecha por Fundación Terram “Catastro de Proyectos de Generación Eléctrica. Nueva Actualización”, queda en evidencia que del total de proyectos de generación eléctrica ingresados a evaluación ambiental entre enero de 2000 y diciembre de 2012 (349, considerando aprobados y en calificación), se identificó que 174 de ellos generan o han generado algún tipo de conflicto, lo que representa cerca del 50% de los proyectos ingresados.

De esos 174 proyectos, el 54% corresponde a conflictos asociados a centrales de tipo termoeléctrico, 32% a hidroeléctricas, 14% de tipo eólico y sólo 1% de tipo geotérmico. Cabe destacar que de los 174 conflictos identificados, 160 ya se encuentran en estado de aprobados, es decir, existe una alta probabilidad que el proyecto se construya. Es preocupante constatar que ciertas iniciativas energéticas que traen consigo grandes externalidades negativas, están siendo aprobadas por la autoridad ambiental sin tomar en cuenta los conflictos que generan.

Desde el sector empresarial se ha criticado el hecho de que muchos de los proyectos presentados a evaluación presentan algún tipo de conflicto y que varios de ellos están llegando a instancias de judicialización. Sin embargo, el hecho de que se tenga que llegar a estas instancias refleja dos cosas: las debilidades de la institucionalidad ambiental, y la nula planificación por parte del Estado para decidir cómo, dónde y cuándo se deben realizar los proyectos de estas características.

Chile es un país con gran potencial para el desarrollo de energías renovables no convencionales (ERNC); este tipo de energías están siendo cada vez más utilizadas y son cada vez más competitivas frente a las energías convencionales. Pero el hecho no está en simplemente transitar hacia otro tipo de energías, que ciertamente sean más limpias; es necesario tener la capacidad de establecer una política a nivel país que permita planificar a largo plazo y en forma adecuada el futuro de la generación eléctrica.

Cristopher Toledo, economista asociado de Fundación Terram.