El Servicio de Impuestos Internos -con buenas razones- tiene enormes facultades. Puede constituirse en oficinas, retirar documentos, citar a personas, las que si no van luego de una segunda citación, ser sometidas a arresto por quince días, como medida de apremio. Las multas son de hasta el 400 por ciento de lo defraudado, los intereses son los mayores del sistema legal chileno, y los delitos tributarios pueden ser penados con hasta 15 baños de cárcel.

En contrapartida, el Servicio de Impuestos Internos tiene el deber de reserva de la información del contribuyente.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos el Servicio de Impuestos Internos celebró cuatro contratos con cuatro empresas, entre ellas DICOM, para venderles bases de datos. Las sigue entregando -actualizadas hasta hoy. Es una traición a la fe pública y una actitud hipócrita no sólo del servicio sino también de los gobiernos. Mientras todos abogaron por la eliminación de datos mediante la Ley Dicom (¿se acuerda?), simultáneamente le pasaban (y pasan) información a esa misma empresa.