Tras la aprobación del matrimonio entre homosexuales, el gobierno de Uruguay apunta a mejorar la situación en la que vive la población “trans”, considerada la más excluida del sistema educativo y el mercado laboral.

Las organizaciones sociales estiman que en Uruguay, país con 3,3 millones de habitantes, entre 1.500 y 2.000 personas son trans, lo que incluye a personas transgénero, travestis y transexuales.

Bajos niveles de escolaridad, dificultad para acceder al mercado laboral, que hace que gran parte se vuelquen al trabajo sexual, caracterizan a esta población que tiene una expectativa de vida muy inferior a la de la población en general, según el informe “La identidad de género en las políticas sociales”, presentado con ocasión del lanzamiento de la Semana de la Diversidad, que se celebra esta semana.

Dentro de la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), la población trans “es el grupo que tiene más vulnerabilidades conjuntas”, explicó a la AFP Diego Sempol, investigador del Instituto de Ciencia Política especializado en el Área de Género y Diversidad e integrante del colectivo Ovejas Negras.

“La idea es generar mecanismos que desarticulen estas formas de exclusión tan severas”, indicó.

Uruguay se convirtió en abril en el segundo país latinoamericano, después de Argentina, en legalizar el matrimonio homosexual y las primeras bodas entre personas del mismo sexo comenzaron a realizarse en agosto.

Previamente, el país había legalizado la unión civil de homosexuales y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, además de habilitar el cambio de nombre y sexo y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas.

“Estas conquistas jurídicas son como el piso mínimo. Ahora el desafío y el objetivo es transformar la cultura y la sociedad”, sostuvo Sempol. “Ahora hay que trabajar mucho en el área de la educación, el área de la salud y el área de la inclusión de la población trans, que son los puntos centrales de la nueva agenda”.

Para Sempol, de todas formas “falta mucho, es un proceso lento” pasar de las conquistas legales a la eliminación de la discriminación cotidiana.

Beneficios especiales

“No basta con el avance que supone el matrimonio igualitario, hay que perfeccionar la normativa y los instrumentos para combatir la discriminación, el acoso escolar a las personas LGBT y que en las personas trans supone la exclusión de esos centros y, por tanto, determina una vida de exclusión social”, coincidió Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En el último año, el Mides capacitó a unos 800 funcionarios públicos en una “visión de no discriminación” y entregó a personas trans 576 tarjetas Uruguay Social, que permiten a los beneficiarios acceder en forma gratuita a artículos de primera necesidad por unos 33 dólares mensuales.

Además, el Ministerio de Trabajo resolvió otorgar la máxima exoneración tributaria a las empresas que contraten personas trans y el programa Primera experiencia laboral en el Estado incluirá una cuota de 2% para población trans.

De todas formas “falta muchísimo en el día a día”, advirtió Scagliola, adelantando que un próximo paso es “desterrar el heterosexismo de los programas sociales”, lo que implica dejar de creer que “hay una única forma de persona o familia”.

En el marco de la Semana de la Diversidad, los gobiernos de Uruguay y Cuba firmarán el viernes un convenio para cooperar en políticas públicas vinculadas a temas de diversidad sexual.

La semana culminará con la marcha anual por la diversidad, que este año tiene la consigna “Si luchás, nada es imposible”.