La Corte Suprema acogió dos recursos presentados por extranjeros, quienes fueron expulsados por el Ministerio del Interior y la Intendencia Metropolitana en 2011.

Se trata del argentino Cruz Bernardo Bazán y el peruano Danny Silva Arancio.

En el caso de Bazán, el Ministerio del Interior decretó su expulsión en 2006 tras haber sido condenado por giro doloso de cheques, lo cual fue declarado improcedente por el máximo tribunal.

“A juicio de esta Corte, el delito de giro doloso de cheques no constituye ninguno de los ilícitos que el legislador señaló, en que se enuncian actividades cuya realización, por su gravedad, peligrosidad y perniciosas consecuencias sociales, determinan el más absoluto rechazo de ingreso al territorio nacional”, indica el fallo.

Respecto a Silva, los ministros consideraron infundado, arbitrario y desproporcionado el actuar de la Intendencia Metropolitana, cuya expulsión se llevó a cabo tras ser formalizado por un delito de amenazas, de cuyo proceso desistió la Fiscalía en 2011.

“La orden de expulsión decretada por la Intendencia de la región Metropolitana de Santiago en contra del amparado, constituye una amenaza para su libertad personal y seguridad individual decretada con infracción a la Constitución y las leyes, por lo que la acción de amparo deberá ser acogida, revocándose el fallo apelado”, sostuvieron los ministros en su resolución.