Las autoridades hondureñas investigan si se ha cometido “un escandaloso fraude” mediante el pago de planillas de personal adulteradas en la Policía, informaron este martes fuentes oficiales.

El director de la institución y encargado de la depuración policial, Eduardo Villanueva, dijo a la AFP que “con la Fiscalía contra la Corrupción se inició una investigación sobre la adulteración de planillas” y determinar si hubo “una irregularidad penal”.

El pasado 13 de agosto, el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, informó que en las planillas de pago aparecían 15.665 policías en servicio, pero que en la realidad solo había 9.350.

El director de fiscales, Roberto Ramírez, dijo a la AFP que en las planillas de la Policía en mayo aparecieron 14.000 oficiales activos y en las de junio 12.000, pero que en las sedes policiales el número real de servidores es muy inferior.

“Estamos pidiendo al ministro Corrales su informe para cotejarlo con la investigación que estamos haciendo”, expresó Ramírez.

Por su parte, Villanueva dijo que “se constituyó un equipo especializado que incluye analistas e investigadores financieros y contables, quienes realizarán las acciones inmediatas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos referidos”.

El gobierno del presidente Porfirio Lobo creo en junio del 2012 la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y encargó su dirección a Villanueva.

La medida fue adoptada tras descubrirse que muchos de los miembros de la Policía participaban en actividades del crimen organizado como secuestros, narcotráfico, robo de carros, sicariato y extorsiones.

Las actividades delictivas de unidades policiales enteras, que eran un secreto a voces entre los hondureños, se destaparon luego de que el 22 de octubre del 2011 miembros de dos autopatrullas mataron a dos estudiantes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos.