El Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó la propuesta de acuerdo que había presentado la empresa Anglo American, por la destrucción de más de 30 hectáreas de bosque nativo en la precordillera del sector de El Melón.
El organismo estatal se encuentra solicitando un pago de más de un millón de dólares por los daños causados al ecosistema de la zona.
Según consignó el portal The Clinic online, el CDE basó su decisión en una demanda presentada a fines del 2012, luego que la empresa, dueña de la mina El Soldado, destruyera 137 “bellotos del norte”, especie única en el mundo y declarada monumento natural.
Además, la compañía es acusada de la destrucción de 300 mil metros cuadrados de terreno, lo que afectó los cursos hídricos y la desaparición de 34 especies de aves, seis especies de mamíferos, así como también reptiles y anfibios.
El organismo resolvió, el pasado 23 de julio, no negociar un acuerdo con la empresa.
La diputada Andrea Molina, junto con lamentar el daño provocado por Anglo American, valoró la decisión del CDE, sobre todo -señaló- cuando la multinacional aseguró en una oportunidad, que sólo había afectado cinco hectáreas del terreno.
El daño se provocó cuando la cuestionada compañía inició un proyecto de prospección en la provincia de Quillota, que de acuerdo a la denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado, no cumplía con la normativa y no contaba con la autorización ambiental para ser ejecutado.
Junto con el daño realizado al “belloto del norte”, el proyecto destrozó -además- árboles de quillayes, litres, boldos, espinos, guayacanes, peumos y maitenes, además de 164 lingues y tres naranjillos, los que fueron sepultados en la prospección minera o arrancados de raíz.
Molina anunció que llevará el caso a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para que sirva de ejemplo y se pueda dar mayor celeridad a la tramitación del proyecto de ley, en el que se establecerán mayores multas y compensaciones, a las empresas que cometan hechos similares.
Cabe destacar que en Nogales la empresa se autodenunció en diciembre de 2011, a tres meses de haber finalizado las faenas, lo que fue utilizado como argumento atenuante, con el fin de rebajar la sanción.