Un funcionario de la PDI está sujeto a un sumario interno por su presunto vínculo con la red de explotación sexual comercial infantil que tiene como principal protagonista a una adolescente apodada “Beyoncé”.

El caso de la joven de 17 años que dijo tener como clientes a personeros públicos, empresarios, jueces, abogados, un fiscal y policías, sigue silenciosamente su curso, sin que hasta ahora la Fiscalía determine si existen méritos para formalizar a alguien por explotación sexual comercial infantil.

“Beyoncé”, quien así se promocionaba en internet y en terreno, huyó del hogar Capullo del Sename, ubicado en Chiguayante, el 5 de abril pasado, y desde entonces nadie sabe de su paradero, aunque versiones no oficiales la sitúan en la zona norte del país.

La investigación estuvo en manos de la PDI y la Fiscalía de Concepción, pero tras conocerse los polémicos antecedentes quedó en manos de la Fiscalía de O’Higgins y del OS 9 de Carabineros.

Ya fue descartada la participación de un fiscal penquista y la jefatura provincial de la PDI descartó categóricamente el vínculo de un funcionario de la institución con la menor, pero los hechos indican todo lo contrario.

Un oficial policial profesional OPP de la PDI de Coronel conoció a “Beyoncé” en la barra del casino Marina del Sol, al que llegó junto a su esposa y un amigo, pero en el breve contacto intercambió teléfonos para un encuentro posterior.

Este se concretó en un departamento cercano al Hospital Regional, donde el funcionario policial concurrió junto a un amigo y cuando el conserje solicitó registrarlo, cometió un gran error: escribió su nombre y firmó. Así fue descubierto.

El funcionario de la PDI asegura que él no tuvo contacto sexual con Beyoncé, pero sí con la amiga de ella, explicación que no convence del todo a sus jefes ni a los fiscales Carlos Palma y Mario Elgueta, a cargo del caso.

En un comunicado, la PDI sostuvo que “en relación a la investigación sobre una presunta red de explotación sexual dada a conocer por los medios de comunicación en el mes de abril, la Policía de Investigaciones de Chile informa: que producto de sus controles internos, estableció la presunta vinculación que tendría un integrante de la institución con los hechos que se investigan.

Por esta razón, de inmediato se dispuso un sumario a fin de establecer posibles responsabilidades administrativas y seguidamente informó los hechos a la Fiscalía Regional del Bío Bío, con la finalidad de que el ente persecutor establezca la existencia o no de un posible ilícito.

En este contexto y con el propósito de dar mayor transparencia al proceso investigativo interno, se suspendió de sus labores al funcionario supuestamente involucrado.

Las medidas antes señaladas, se enmarcan en el compromiso permanente de la PDI, con la seguridad, la justicia y el Código de Ética Profesional que rige a todos sus integrantes, cerró el comunicado.