El ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, viajó junto a una delegación a Ginebra para participar de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, instancia en la cual dio a conocer los avances de nuestro país en torno al tema y defendió las políticas de gobierno en materia indígena, incluyendo el uso de la Ley Antiterrorista.
El secretario de estado expuso y defendió un informe gubernamental que debe presentarse periódicamente ante el Comité especial de la ONU, asegurando que se ha evolucionado en la lucha contra la discriminación racial, en especial en puntos que afectan a los pueblos indígenas y a procesos migratorios que involucran a ciudadanos extranjeros.
En este contexto, aseguró una buena recepción por parte del comité internacional, que escuchó una serie de programas, medidas y proyectos de ley que mostrarían el compromiso del Gobierno con los pueblos indígenas y minorías que, a juicio del ministro, se sienten discriminadas.
“Han manifestado en general, todos los miembros del comité, su excelente disposición, su opinión en cuanto ven un compromiso del estado de Chile con estas materias. Enseguida ven una evolución, un proceso que tiende a generar mayores y mejores condiciones en la lucha contra la discriminación racial”, indicó.
Asimismo el jefe de la cartera de Desarrollo Social aseguró que en la defensa del informe se logró desmitificar el uso de la Ley Antiterrorista. Esto tras las declaraciones del relator especial de las Nacionales Unidas, Ben Emmerson, quien aseguró la inexistencia de una situación compleja que amerite el uso de esta medida.
“En general sostuvimos que la Ley Antiterrorista se ha aplicado con extrema rigurosidad y excepcionalmente. La verdad es que desmitificamos un paradigma, la supuesta estigmatización con que el Estado de Chile está relacionándose con los pueblos indígenas”, señaló.
Baranda destacó los gestos que ha hecho el Gobierno del presidente Piñera en torno a la utilización adecuada de esta controvertida medida, como algunas causas legales que finalmente fueron recalificadas como delitos comunes, y afirmó que durante la defensa ante el comité se logró aclarar algunas creencias equivocadas en torno a las atribuciones que recibía la administración Estado al activarse esta ley.
“Creían algunos que el Gobierno propiamente tal, el Poder Ejecutivo y las policías tenían instrumentos y herramientas con absoluta displicencia de los tribunales, de los fallos o de las instrucciones de investigación del Ministerio Público en este tipo procesos”, explicó.
Finalmente el ministro recordó las modificaciones que se le han hecho a esta ley, sobre la base de tres reformas que han cambiado su estructura, las cuales han tenido con un alto apoyo parlamentario, según afirmó Baranda.
Escucha la entrevista realizada por el periodista Rodolfo Hahn en el Trasnoche de Radio Bío Bío.