Durante la segunda sesión de la Comisión de Familia, mandatada para investigar las irregularidades en el Sename, la psicóloga de Unicef, Carolina Bascuñán, indicó que el 2011 una encuesta del organismo público había detectado 171 casos de abusos sexuales.

Además, la abogada que participó del informe solicitado por el Poder Judicial, Paulina Gómez, responsabilizó al juez de la Corte Suprema, Héctor Carreño, de no enviar las conclusiones del informe a los jueces presidentes de cada región.

Aclarando que el objetivo del estudio solicitado por el Poder Judicial al interior de los centros dependientes del Sename, no buscaba encontrar nuevos casos de denuncias de abusos sexuales o maltratos, inició su comparecencia ante la Comisión de Familia, mandatada como investigadora, la psicóloga de Unicef, Carolina Bascuñan.

La profesional agregó que la encuesta anónima que se realizó a los niños en 63 centros dependientes del Sename, abarcó un 14% de los menores que se encuentran bajo la modalidad de residencia en el país. Sin embargo, aclaró que ya existíaninformación del propio Sename, sobre casos de abusos sexuales denunciados por los mismos menores en 2011.

Bascuñan indicó además que una vez que se conocieron los primeros antecedentes que arrojó esta encuesta anónima, se traspasó la información a las juezas encargadas de elaborar el informe, las que a su vez dicen haber realizado las gestiones con las encargadas de la región para que los jueces de familia intervinieran aquellos centros donde se detectó esta vulneración de derechos.

La integrante de la Comisión de Familia y diputada RN, Karla Rubilar, aseguró que habrá que ver con las autoridades del Sename, qué se hizo con esta información y cómo se actuó para frenar los abusos.

Sin embargo, durante la sesión también se abordó las razones que habrían generado el cambio del equipo que lideró en primer momento este estudio y que era presidido por la jueza, Mónica Jeldres. Ella dijo que los miembros decidieron renunciar en enero de este año, luego que se registraran cambios en la forma cómo se había decidido canalizar la información a los jueces presidentes de las regiones donde se hizo el estudio.

Esta declaración fue ratificada por la psicóloga de Unicef, Soledad Larraín, quien asistió a la reunión donde el jefe de la Unidad de Apoyo de la Corte Suprema, Héctor Carreño, decidió que no se enviara la información a los jueces.

A este respecto, la abogada Paulina Gómez, responsabilizó al juez Carreño de la demora en que esta información no haya sido canalizada a los jueces y por ende, la demora en denunciar los hechos a la justicia, ante la eventualidad de que se registraran hechos constitutivos de delito.

Durante la sesión de hoy también se conocieron otros alcances del informe solicitado por el Poder Judicial, como que las regiones en donde se dan los mayores registros de agresiones físicas son en el Maule, Valparaíso, Antofagasta y Arica; Mientras que en Coquimbo se detectaron casos donde a los niños se les aislaba como forma de castigo. Sobre los abusos sexuales, estos se concentran en la región de Valparaíso, el Maule, Bío Bío, Magallanes y Arica.