Tres años después del derrumbe que sepultó a los 33 mineros de Atacama se iniciará la venta de la mina chilena San José, que con algunas modificaciones podría volver a operar, informó este domingo.

La venta del yacimiento, que permanece semiabandonado, fue acordada por la junta de acreedores de la Minera San Esteban, dueña de la mina, que se declaró en quiebra tras el derrumbe que sepultó a los 33 mineros el 5 de agosto de 2010.

El yacimiento, donde se extraía oro y cobre, podría volver a ser explotado, de acuerdo a El Mercurio.

“Tras varios análisis, se confirmó que San José puede volver a ser explotada, siempre y cuando se hagan nuevas galerías desde otros lugares”, escribió el diario.

El yacimiento sucumbió ante un gigantesco derrumbe que atrapó en su interior a 33 mineros, quienes permanecieron soterrados por 69 días, a más de 600 metros de profundidad.

Tras escavarse un gigantesco túnel, los mineros -32 de ellos chilenos y un boliviano- fueron rescatados sanos y salvos, en una operación que fue seguida en vivo en todo el mundo.

La venta del yacimiento se conoce en la víspera del tercer aniversario del derrumbe y a tres días de informarse el cierre de la investigación penal del accidente sin acusados, en una decisión que causó indignación entre los mineros.

“¡Me enterraron otra vez estos desgraciados! Estoy mal, he llorado toda la mañana, esto es un ejemplo de la mala justicia chilena, se pudo haber hecho mucho más”, criticó a la AFP el minero Mario Sepúlveda, el más extrovertido del grupo.

La venta del yacimiento forma parte de un convenio judicial que busca liquidar los activos de la Minera San Esteban, destinados a pagar los finiquitos de los trabajadores y un 25% del valor total del rescate, que ascendió a los 22 millones de dólares. La venta incluye la enajenación de otro yacimiento de propiedad de la minera y unos terrenos.

En paralelo, sigue abierta una demanda civil por negligencia en contra del Estado chileno, en que los mineros exigen una indemnización de 500.000 dólares para cada uno.

Los mineros estudian además apelar la decisión de cierre de la investigación penal, que tenía como principales inculpados a los dueños del yacimiento, que según ellos, debía estar clausurado al momento del derrumbe por no contar con vías auxiliares de emergencia.