La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Los Lagos, se encuentra a la espera del fallo del tribunal de Ancud por la tala ilegal de 58 héctareas de bosque nativo en la comuna, en manos de una empresa agrícola de la Universidad de Harvard.

Se trata de la Agrícola “El Brinzal”, propiedad de la Universidad de Harvard, que fue denunciada por talar 58 héctareas de bosque nativo y reemplazadas con eucaliptus, situación que vulneró el plan de manejo original que existía por los primeros propietarios del predio, quienes tenían planes de manejo ingresados con el compromiso de reforestar con especies nativas, planes que no cambian por tener otro propietario, según señaló el director Regional de Conaf, Jorge Aichele.

Tras esta situación y luego de las denuncias presentadas por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, la Corporación Nacional Forestal interpuso dos causas en contra de Agrícola El Brinzal, una por la tala Ilegal de Bosque Nativo y otra por la posterior sustitución de eucaliptus como especie exótica.

Frente a esto, el Juzgado de Policia Local de Ancud sentenció a Brinzal a reforestar 7 de las 58 héctareas afectadas y a pagar una multa de 4 millones y no de 34 millones como había propuesto Conaf.

No obstante, Jorge Aichele manifestó que se encuentran a la espera del fallo de la segunda causa en manos del Tribunal de Ancud que corresponde a la tala ilegal de bosque nativo.

Por su parte, Javier Sanzana representante de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, puntualizó que la multa sentenciada es muy baja para una empresa tan grande que tiene patrimonio en todo latinoamérica, situación que considera un “chiste” y que probablemente la empresa lo agregue a la planilla de costos para sus faenas en Chile.

Sanzana agregó que este caso es uno de los tantos que está afectando al sur del país donde tal vez los grados de deforestación no son tantos, pero los de degradación, principalmente para extraer leña debido al alto consumo en la zona sur, son importantes.

Asimismo, dijo que esta sentencia demuestra que estos casos debieran tratarse en tribunales ambientales y no en la policía local, donde los procesos son muy lentos y los jueces no están capacitados para analizar estos casos.