Hasta por seis meses se podría prolongar comenzó el juicio, iniciado este lunes, contra ocho gendarmes acusados por cuasi delito de homicidio por los 81 reos muertos al interior de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre del 2010.

En aquella oportunidad las víctimas quedaron atrapadas en la torre 5 del recinto penal y fallecieron, algunas calcinadas y otras asfixiadas, tras un incendio que los mismos reos provocaron.

La audiencia en el sexto tribunal oral comenzó con el incidente provocado por una petición del ministro Rodrigo Hinzpeter para declarar en dependencias del Ministerio de Defensa, haciendo uso de una prerrogativa.

Mismo beneficio pidió la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, otra de las autoridades que prestará declaración en este juicio.

El presidente del tribunal, el juez José Rodríguez, explicó que resolvieron pedir a ambos, antes de resolver, si tienen las condiciones de infraestructura para recibir al tribunal y las partes.

Ante la irreprochable conducta anterior de los acusados, y las bajas penas que contempla el cuasi delito de homicidio, es posible que la eventual condena se cumpla sin privación de libertad.

El propio fiscal regional sur, Raúl Guzmán, reconoció la posibilidad, aunque la condicionó a la cooperación que los imputados deban expresar en el juicio.

Cesar Pizarro, vocero del grupo de familiares de los 81 reos muertos, no descartó recurrir a tribunales internacionales si se les otorga beneficios a los eventuales condenados.

Según las fuentes consultadas, mañana los imputados podrían declarar ante el tribunal, tras la lectura de la acusación del ministerio público y de los querellantes particulares.

Sólo la Fiscalía presentará cerca de 450 pruebas, entre testimonios, peritajes y documentos. Por su parte las defensas también aportarían con cerca de 300 evidencias, entre ellas el informe del Dictuc que concluye que el incendio se desató sólo en seis minutos, a diferencia al que aportó el Ministerio Público, elaborado por bomberos, que fija este periodo en 40 minutos.