La Corte Suprema descartó cualquier tipo de responsabilidad en la tardanza para revelar y denunciar los presuntos abusos sexuales, físicos y psicológicos que habrían sufrido menores en hogares de protección, y que aparecen en un informe publicado la semana pasada.

El encargado de la justicia de familia en la entidad judicial, el ministro Héctor Carreño, tuvo que dar explicaciones ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, quienes cuestionaron la postura del alto tribunal.

El alto magistrado manifestó que los jueces que participaron en el estudio siempre estuvieron en condiciones de denunciar la situación.

Así, apuntó que el Sename, en marzo de este año cuando conocieron el informe, se comprometió a investigar la situación en los recintos cuestionados y en presentar los antecedentes al Ministerio Público si era necesario.

Carreño afirmó que por los cuestionamientos y los errores metodológicos de la encuesta, optaron por analizar el documento en lugar de revelarlo de inmediato.

Antes del magistrado acudió a la instancia Soledad Larraín, de la Unicef, quien descartó que el documento fuese secreto. Al respecto, apuntó que sólo expusieron que había que manejarlo en forma prolija.

Uno de los miembros de la comisión, el diputado Ricardo Rincón (DC), emplazó al ministro Carreño de faltar a la verdad con su explicación.

Otro de los que escucharon esta exposición, el diputado René Zafirio (DC), criticó que se hablara que la Corte Suprema no participó,
porque habrían delitos de por medio.

También habló una representante de Aldeas SOS, Alejandra Riveros, quien aclaró que ellos no pidieron ser evaluados. Asimismo, apuntó a que hubo un error “gravísimo”, ya que se trata de un informe sin análisis, en el cual no se especifica si los abusos ocurrían dentro o fuera de las residencias.