La Cámara de Diputados aprobó con 100 votos a favor, el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor.
La propuesta, ingresada por el Ejecutivo el pasado 19 de junio, busca aumentar a 13 los años de educación obligatoria en Chile. Para ello, se modifica el numeral 10 del artículo 19 de la Carta Fundamental, estableciendo que “para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica”.
El proyecto también reemplaza el artículo 21 transitorio, disponiendo que esta reforma entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.
En el mensaje se especifica que la cobertura neta total para este nivel educativo (kínder o segundo nivel transición) pasó de cerca de 28%, el año 2000, a más de 40%, el año 2011 (datos CASEN).
Según se puso de relieve, el desafío hoy es lograr aumentar la cobertura del primer quintil, que representa a los niños de menores recursos del país, los cuales presentan una asistencia del orden del 84%, en contraposición al quinto quintil, que alcanzan una cobertura del 96%.
En el texto legal se sostiene que el objetivo no apunta sólo a aumentar la oferta o el financiamiento, de manera de asegurar a todos los niños el acceso a estos niveles, sino que también requiere de un cambio cultural, transmitiendo con fuerza a las familias la importancia que tiene la educación parvularia para el desarrollo integral de los niños, para que éstas decidan ofrecer a sus niños la oportunidad de adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades asociadas a este nivel educativo.
Finalmente, se explica que la realidad presentada para los niños de 4 o 5 años no es la misma que para aquellos de 3 años (a los que les corresponde asistir al nivel medio mayor), para quienes no existe una política de financiamiento universal por parte del Estado.
“Según CASEN (2011), la cobertura para Chile a esta edad, donde la evidencia demuestra que sí hay efectos positivos de asistir a centros educativos, es de sólo 51%, todavía por debajo de la media de la OECD de 66%. He aquí otro desafío para el país”, se acota en el mensaje.