La tensión no cesa en la comunidad mapuche Marihuén de Coronel, frente al inminente desalojo de Carabineros, por una determinación judicial que otorgó a un privado el dominio de las 11 hectáreas donde residen hace 80 años.
En vigilia, como ha sido la tónica durante la última semana, un grupo de cercanos y parte de la familia Marihuén espera el desalojo policial, que debe ejecutoriar la decisión judicial que otorga el dominio del terreno a un particular, después de 10 años de batalla en tribunales.
Son 35 personas, que conforman 7 familias, las que se mantienen en pie de guerra a la espera de los uniformados. Para ello incluso colocaron una fila de neumáticos en el acceso principal de la comunidad.
El lonco Alex Marihuén calificó como una tortura esta espera permanente, con todo el desgaste psicológico y físico que implica, especialmente para niños y mujeres.
Rechazan la ayuda del gobierno, a través de la Conadi, consistente en 11 casas transitorias; un predio en Patagual para los animales; y 300 mil pesos para forraje. Eliana Marihuen refleja el estado psíquico de las mujeres de la comunidad:
El concejal Francisco Merino fue una de las personas que pasó la noche en vela con los Marihuén. Junto a René Lucero, de la mesa social de de esa comuna, quienes entregaron su visión del problema.
Hasta la zona arribó Matías Abogadir, delegado de Asuntos Indígenas del Ministerio del Desarrollo Social, para reunirse con los Marihuén. Destacó la ayuda provisoria, no descartó adquirir un terreno en otro lugar o conversar con el propietario ganador en tribunales.
En tanto, la seremi de gobierno, Pilar Gutiérrez, sostuvo que desde el Ejecutivo se está ayudando a la comunidad mapuche:
Las casas son -en rigor- mediaguas que personal municipal levanta al fondo de Camilo Olavarría, con energía eléctrica y agua potable.
Nadie quiere un desalojo violento, pero lamentablemente las señales parecen apuntar en esa dirección.