La justicia chilena decidió suspender temporalmente un juicio contra diez ex ejecutivos de grandes cadenas farmacéuticas acusados de colusión de precios, a cambio de que reciban clases de ética empresarial y donen $230 millones a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las salud.
“Los imputados de este grave delito se han comprometido a desarrollar conductas preventivas en las respectivas empresas, en orden de evitar que este tipo de situaciones de colusión, que perjudican claramente a los ciudadanos chilenos, vuelvan a repetirse”, dijo el fiscal Andrés Montes.
La defensa de los acusados aceptó la propuesta de la fiscalía, que deberán cumplir durante un año a cambio de no ser sometidos a un juicio, tras lo cual el juez podrá determinar el cierre definitivo del caso.
Montes explicó que optaron por proponer una salida alternativa, porque la ley chilena “es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo”, y en el caso de que sentenciara como culpables a los ejecutivos, sólo recibirían una condena de 21 días, y sin privación de libertad.
“También se han aprobado condiciones que implican que los imputados deben reparar a la sociedad chilena por los delitos cometidos”, con donaciones a instituciones como la Cruz Roja, la Corporación Nacional del Cáncer o a la Liga Chilena contra la Epilepsia, que sumen $230 millones, agregó el fiscal.
Salcobrand, con unos 230 locales en Chile y Cruz Verde, con más de 500, junto a FASA -una de las mayores cadenas de farmacias de Chile, que además tiene presencia Perú y México- fueron acusadas en 2008 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por el alza concertada de precios de medicamentos, algunos de ellos para combatir enfermedades crónicas como la diabetes y la epilepsia.
El caso se develó en 2009 cuando FASA reconoció haberse coludido con las otras dos cadenas -que en total controlan el 97% del mercado farmacéutico chileno- y se comprometió a pagar un millón de dólares al fisco para compensar la falta, lo cual fue aceptado por la FNE.
La FNE continuó con la investigación contra las otras dos farmacias, a las cuales, la Corte Suprema confirmó una condena del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que las obligó a pagar 19 millones de dólares por el delito de colusión.
Después de esta resolución, los ejecutivos de las cadenas de farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, se saludaron entre sí con risas y aplausos.