El Gobierno ha nombrado a Sebastián Donoso como asesor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El abogado UC, investigador de la Fundación Jaime Guzmán, ex asesor de Asuntos Indígenas del actual gobierno, y defensor de Antofagasta Minerals, reemplazará a María Luisa Sepúlveda (ex Comité Pro-Paz y Vicaría de la Solidaridad).

Donoso es incorporado al INDH en su calidad de experto en temas indígenas. Nos parece que es necesario cuestionar este nombramiento, dada su trayectoria y sus opiniones sobre los derechos indígenas –en particular respecto a los instrumentos internacionales- que hoy tiene como deber ayudar a promover y resguardar.

Antes de ser asesor presidencial, Donoso fue uno de los más acérrimos críticos del Convenio 169 de la OIT, planteando que se trataba de un instrumento que no era aplicable a la realidad de nuestro país, que su aprobación era una “adopción irracional de instrumentos” que podría ser más bien un obstáculo. Ha sido crítico de los conceptos y principios fundamentales de la doctrina internacional de derechos indígenas, planteando que es “ideologizada”.

En definitiva, Donoso no cree que existan pueblos con derechos colectivos, siendo los fundamentales el del territorio y la autonomía . Derechamente ha planteado que la implementación del Convenio ha de ser “conservadora”. Más crítico aún es de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que el Estado de Chile también suscribe (1).

Donoso fue asesor presidencial de asuntos indígenas durante el primer año del gobierno de Piñera, cuando los fondos de restitución de tierras se redujeron a 1/3 de lo usado el año anterior (el año 2009 se destinaron 33 mil millones de pesos, el 2010 menos de 10 mil millones, el 2011 se recuperó el ritmo hasta casi llegar a 40 mil millones).

Por otra parte, llevó adelante procedimientos para la aplicación del Convenio 169 que el Relator ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas ha calificado como totalmente inadecuados e insuficientes. Salió del cargo luego de sus polémicas declaraciones respecto a que las consultas indígenas no tenían la facultad de dirigir las políticas públicas del gobierno.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es el organismo público encargado de velar porque el Estado de Chile respete los derechos humanos. En el caso de los derechos indígenas, estos están recogidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. No vemos cómo una persona que no cree en estos instrumentos –y al respecto las opiniones y acciones de Donoso son de público conocimiento- podrá velar adecuadamente porque el Estado de Chile los promueva y respete. Para defender los derechos indígenas en primer lugar es fundamental creer en ellos.

(1) Ver artículos de Donoso: “Chile y el Convenio 169 de la OIT: reflexiones sobre un desencuentro” (2008) y “Convenio 169 de la OIT: Implicancias de una ratificación” (2009).

Carlos Bresciani SJ, Superior Misión Mapuche Jesuita.
Juan Fuenzalida SJ, Misión Mapuche Jesuita.
Germán Méndez SJ, Misión Mapuche Jesuita.
Luis García-Huidobro SJ, Misión Mapuche Jesuita.
Juan Ignacio Latorre. Director del Centro de Reflexión y Acción Social (CREAS), Universidad Alberto Hurtado.
Natacha Romero, Cientista Político, CREAS, Universidad Alberto Hurtado.
Esteban Valenzuela, Director del Departamento de Ciencias Políticas y RRII, Universidad Alberto Hurtado.
José Marimán, Departamento de Ciencias Políticas y RRII, Universidad Alberto Hurtado.
Juan Carlos Skewes. Director del Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado.
Sebastián Kaufmann, Departamento de Filosofía, Universidad Alberto Hurtado.
Pablo Castro SJ, Superior Comunidad Jesuita de Concepción.