Una amenaza de bomba interrumpió este lunes la presentación de un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, en el cual se denuncia a cientos de entidades públicas que no rinden cuentas pese a que la ley las obliga a ello, informó el procurador Jorge de León.

Las autoridades del centro de convenciones donde se realizaba la actividad, al sur de la capital, “recibieron la llamada telefónica (anónima) y lo hicieron saber a los agentes de seguridad y lo más prudente fue abandonar las instalaciones”, afirmó De Léon a una emisora local.

De acuerdo con el Procurador de los Derechos Humanos, la actividad se encontraba en desarrollo con la presencia de diplomáticos y funcionarios de gobierno que fueron sacados del sitio mientras la Policía hacía una inspección, que no había dado resultados hacia el mediodía.

El informe que era presentado por la PDH denuncia el incumplimiento en la rendición de cuentas por parte de unas 950 de las 1.200 entidades obligadas a hacerlo, según lo ordena la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Muchas municipalidades incumplen con este mandato legal, muchísimas gobernaciones, muchísimas entidades (…) hay incumplimiento de los funcionarios públicos”, indicó el Procurador.

En 2008, Guatemala aprobó una normativa de transparencia que obliga a entidades estatales y privadas que reciban fondos públicos a rendir cuentas sobre su ejecución y entregar la información que sea solicitada, salvo datos sensibles que sean declarados como reservados por la legislación local.