Autoridades, un juez penal, abogados, un fiscal, empresarios y detectives son investigados como presuntos clientes de una supuesta red de prostitución infantil que involucra a una joven de 17 años. La menor escapó del hogar Capullo del Sename donde se encontraba internada.

La investigación recuerda el revuelo que provocó el caso de Gemita Bueno, ya que personas de alto poder adquisitivo, autoridades y funcionarios vinculados con organismos destinados a indagar y prevenir este tipo de ilícitos, fueron mencionados como clientes por la presunta víctima principal: una niña vulnerable de 17 años, proveniente de Lota.

Cuando tenía apenas 15 años la adolescente comenzó a trabajar en un “café con piernas” de Coronel, donde se introdujo en el mundo del comercio sexual. Luego se trasladó a Concepción y es allí donde se habría contactado con los clientes, embaucada por el pololo -más bien su proxeneta- quien también es investigado.

La joven conseguía clientes por internet y en terreno, en lugares donde el dinero abunda como es el casino. Sentada a la barra, la joven lograba que no pocos hombres se le acercaran y con ellos cerraba trato.

La madre presentó una denuncia por entonces, el año 2011, e insistió frente a la reiteración de los episodios. Finalmente, el Tribunal de Familia de Coronel ordenó derivarla a un centro del Sename, siendo internada en el hogar Capullo de Chiguayante, sólo a fines del año pasado, para cumplir el tratamiento de rehabilitación.

Mientras estaba internada sin salir, porque así lo ordenó el Tribunal de Familia, la menor comenzó a entregar nombres de sus presuntos clientes: políticos, policías, jueces, abogados y al menos un fiscal de la zona.

Fue por ello que el Ministerio Público dejó el caso en manos de Luis Toledo, fiscal regional de O’Higgins, el que además, decidió trabajar con el OS-9 de Carabineros de Santiago, porque entre los mencionados hay detectives.

Quienes conocen a fondo la investigación -por ahora secreta- aseguran que el caso del fiscal y de una autoridad política son las acusaciones más débiles. No así la que involucra a un juez de la justicia penal, a sus asesores y a varios abogados reconocidos de la plaza, no descartándose una formalización.

La PDI, a través del prefecto provincial Alfredo Espinoza, descartó la participación de efectivos policiales, agregando que en su minuto la menor acusó a dos policías pero se comprobó que eran personas que se hicieron pasar por efectivos de la policía civil.

Sobre el cambio de grupo policial con el cual trabaja el fiscal jefe de O’Higgins, Espinoza entiende que es potestad del órgano persecutor:

El caso del fiscal es llamativo, porque éste presentaría una marca en el cuerpo que la menor NO mencionó. Además, trascendió que al mostrarle la fotografía del persecutor, tampoco lo reconoció.

Hay un aspecto clave en el caso. No está claro si los clientes sabían la edad de la niña, algo fundamental para atribuir un delito sexual. Los acusados pueden indicar que la desconocían o que ella decía tener más, y con ello estarían eximidos del ilícito.

El hogar Capullo pertenece al Sename, cuya directora regional, Verónica Núñez, sostuvo que apenas recibieron a la menor y los antecedentes mencionados, se presentó una querella.

La menor disponía de una agenda electrónica con 400 números telefónicos de los supuestos clientes y la semana pasada tomó una decisión radical. Cuando iba custodiada por funcionarios del Sename al psiquiatra escapó y hasta ahora nadie sabe de ella.

El Ministerio Público declinó referirse al tema.