Un impasse entre el Gobierno y autoridades mapuche de Río Bueno frustró una reunión fijada en Valdivia para analizar la situación de los imputados por el ataque incendiario en el fundo Pisu Pisué y el anuncio hecho por la Conadi, donde mencionaba que la empresa Pilmaiquén entregaría a las comunidades el sitio ceremonial indígena.
Desde la semana pasada las líderes espirituales tenían la convicción de que tendrían una reunión con el gobernador del Ranco, Eduardo Holck, y el director regional de la Conadi en la Intendencia de Los Ríos en Valdivia.
En ella los temas centrales era la liberación de la cárcel de Valdivia de la machi Millaray Huichalef, imputada junto a otras personas por el ataque incendiario al fundo Pisu Pisué en enero de este año, junto con buscar el resguardo de todo el territorio amenazado por la central hidroeléctrica Pilmaiquén en el río del mismo nombre.
Mientras que Espinoza confirmaba además que en la reunión también se conversaría la posibilidad de que la empresa eléctrica cedería gratuitamente el Ñen Mapu Quintuante, el gobernador del Ranco manifestaba que aún se coordinaba el lugar de la reunión.
Este lunes, en la dirección regional de Conadi, estaba su director y el mismo gobernador esperando a Juana Cuante, lonco de las comunidades en resistencia en el Pilmaiquén, para efectuar la reunión.
Hasta el lugar sólo llegaron otras autoridades indígenas, quienes dejaron el recinto para trasladarse hasta la Intendencia, en donde estaban los representantes de las demás comunidades que entendían que ahí era la reunión.
Al ver que las autoridades de Gobierno no llegaron, Juana Cuante reaccionó con molestia.
Al respecto, el gobernador del Ranco manifestó que hubo un error de interpretación y que incluso el viernes le enviaron un correo electrónico a Cuante informándole que la reunión sería en la Conadi.
La autoridad provincial reiteró que siguen abiertos al diálogo. Al respecto, la dirigenta indígena también mostró apertura, pero enfatizó en que la nueva reunión debe ser en la Intendencia, porque esperan una opinión política al conflicto.
Los representantes de las comunidades finalmente dejaron una carta en la oficina de partes del edificio de Gobierno, en la que establecen los puntos que esperaban
discutir en la fallida reunión